Lo dicho, lo que allí se expuso no sorprendió. El fiscal del Supremo pidió elevar la condena de Raquel dos años más sumando al delito de cómplice de asesinato –ya reconocido por el TSJCyL– el de tenencia ilícita de armas. Lo hizo en una exposición breve y argumentando que la agente de Policía Local, Raquel Gago, estuvo esperando como parte de un plan urdido a tres bandas durante una hora para recoger el arma con la que mataron a la expresidenta de la Diputación y el PP leonés la tarde del 12 de mayo de 2014. Según el fiscal, Gago fue consciente de que tenía en su haber un arma sin licencia, con el número de serie punzonado y con la que se había cometido un asesinato, y que la ocultó durante más de 30 horas.
Mucho menos tiempo dedicó a manifestar su oposición a los recursos de Montserrat y Triana, para las que pidió que se confirme las condenas ya impuestas (22 y 20 años de cárcel respectivamente) porque ni acepta la tesis del encubrimiento por parte de la hija ni cree que la madre sufra trastorno paranoide alguno, sino que mató a Carrasco «movida por el odio».
Las acusaciones particulares, ejercidas por Beatriz Llamas (en nombre de la hija de la víctima, Loreto García Carrasco) y Carlos Vicente Rivera (representando al que era pareja sentimental de Carrasco, Jesús López Brea) mostraron su adhesión a las consideraciones del fiscal sin llegar a agotar su tiempo de intevención.
Sí apuró hasta el último segundo de su turno de palabra José Ramón García, el abogado defensor de Montserrat y Triana, que dispuso de veinte minutos por cada una de sus representadas. Fue el primero en intervenir en la sala –primero hablaron las defensas, luego el fiscal y por últimos las acusaciones particulares– e hizo hincapié en que no existió en ningún momento un plan preconcebido para asesinar a la víctima, que ni Triana Martínez ni Raquel Gago sabían que aquella tarde Montserrat acabaría con la vida de Isabel Carrasco de tres disparos. Según García, Montserrat lo hizo apoderada de un trastorno paranoide que hace que no se arrepienta de lo que hizo y por el que cree que debería de tenerse en cuenta la eximente incompleta por trastorno mental para rebajarle la condena por el delito de asesinato de 19 a seis años de cárcel, de los que habría cumplido ya más de dos y medio.
De acuerdo también a esta tesis, sostuvo que la participación de la hija, Triana Martínez, en el crimen no pasó del encubrimiento y que al tratarse de un familiar directo quedaría exenta de responsabilidad, por lo que solicitó que sea absuelta de todos los cargos.
El dilema de Raquel
Su futuro ha sido el que más tumbos ha dado desde el día que se leyó el veredicto del jurado popular en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León. De cómplice a encubridora para pasar de nuevo a ser condenada como cómplice de asesinato por el TSJCyL pero absuelta de la tenencia ilícita de armas. En definitiva, que pasó de cinco a 12 años de cárcel de una sentencia a otra y este miércoles, su abogado, volvió a pedir lo que ha pedido desde el principio, su absolución, «porque es inocente» y porque «no existen pruebas de cargo contra ella».
El letrado de Raquel Gago, Fermín Guerrero, abundó en las contradicciones y falta de motivación del veredicto y entendió vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia de su defendida, por lo que abogó por anular el procedimiento y repetir el juicio, cuestión que de no quedar solventada con la absolución de todos los cargos para Raquel llevará previsiblemente ante el Tribunal Constitucional.
Guerrero volvió a invitar al tribunal que se cuestionase cuál podría haber sido el móvil de Raquel para participar en el crimen: «ninguno».