El debate de las sedes, el eterno guadiana de la política autonómica

“¿Por qué no va a poder estar la sede de las Cortes o del Gobierno en diferentes provincias? Sería una poderosa forma de avanzar, de resolver agravios y de acercar el poder y la toma de decisiones a la gente”. En apenas 15 segundos, el líder del PSCyL, Luis Tudanca, volvía a poner en la palestra en sede parlamentaria uno de los debates más espinosos de los casi 40 años de andadura autonómica: el de los lugares donde deben estar las instituciones, una discusión que empantanó las negociaciones para la constitución de la Comunidad y que, como un guadiana incómodo, emerge periódicamente. Con sus palabras, Tudanca pasaba página a la posición tradicional de los socialistas de Castilla y León que desde el primer momento han defendido el actual status quo, que implica que tanto la Presidencia como las Cortes estén en la capital vallisoletana. El Grupo Popular, reticente en los balbuceos de la autonomía, también se ha instalado en este consenso desde que, el 29 de diciembre de 1987, José María Aznar fijase definitivamente las sedes por Ley.

Desde entonces, y a excepción del Consejo Económico y Social (CES) que se creó en 1990, el resto de instituciones que fueron naciendo en la Comunidad se han repartido por distintas provincias. Así, la Dirección General de Minas, el Ente Regional de la Energía y el Procurador del Común están en León; el Consejo de Cuentas emite sus informes desde Palencia; el Consejo Consultivo, desde Zamora y el la mesa de gobierno del Tribunal Superior de Justicia está en Burgos. Este traslado tiene más de simbólico que de palanca de desarrollo en sus respectivas ciudades, dado que el volumen de funcionarios vinculados es muy reducido: 32, el Procurador del Común; 29, el Consejo Consultivo, y 71, el Consejo de Cuentas.

Pese a que, legislativamente, la ubicación de las sedes es una cuestión zanjada, el debate vuelve al primer plano con cierta periodicidad. La primera ley que votaron las Cortes de Castilla y León tras su constitución, un 30 de junio de 1983, tenía que ver con este tema y el planteamiento que entonces hicieron los socialistas – similar al reparto actual- no alcanzó la mayoría de dos tercios que contempla el Estatuto. Ya en ese momento, Francisco Javier Vela, el consejero de la Presidencia de Demetrio Madrid apuntaba que era un tema “de trascendencia limitada” cuando existían “problemas mucho más acuciantes”, pero que había adquirido un protagonismo “excesivo” por diversas razones, “incluida su utilización por algunos como banderín para maniobras disgregatorias”.

Sin embargo, la polémica ya venía de lejos. Durante el periodo preautonómico no hubo un lugar definido para los órganos de gobierno y las sedes de las diferentes consejerías se ubicaban en la ciudad en la que el consejero de turno vivía o trabajaba. Dado que los dos presidente que tuvo el Consejo General -José Manuel Reol Tejada y José Manuel García Verdugo- eran burgaleses, la sede de la Presidencia se instaló en el palacio de la Isla de aquella ciudad.

En los debates del primer estatuto, la cuestión se convirtió en una de las piedras de toque. UCD apostó decididamente por la localidad vallisoletana de Tordesillas y así figuró en el primer proyecto. “Todo; viene para aquí todo”, se felicitaba Ignacio Camuñas, líder centrista vallisoletano. Las campanas de la villa del Tratado repicaron a media noche para saludar la feliz noticia y el alcalde de la localidad, el socialista Elías Pérez Barragán, se fue rápidamente al parador donde se negociaba el texto para repartir puros entre los presentes. En Burgos, la noticia cayó como un jarro de agua fría y fue el inicio de un intento, nunca consumado, de separarse de la Comunidad. Sin embargo, la victoria del PSOE en las elecciones de 1982 rebajó las expectativas tordesillanas y en la redacción final del estatuto quedó recogido que una ley fijaría las sedes con el apoyo de tres quintos de la Cámara.

El primer presidente de la Comunidad, el socialista zamorano Demetrio Madrid, recogió el guante y, antes incluso que la propia ley de Gobierno, llevó a la Cámara una norma para fijar en Valladolid la sede de la Presidencia y de las Cortes. Vela justificaba entonces la elección en criterios de “economía, coordinación y funcionalidad, presupuestos en suma de la eficacia” y señalaba que “los argumentos históricos no pueden ser decisivos [y además] no son concluyentes”. “A la hora de establecer la sede de las instituciones no puede atenderse prioritariamente a un pasado glorioso, aunque ambiguo, sino a criterios de racionalidad que permitan la existencia de un futuro esperanzador”.

La iniciativa no salió finalmente adelante por la abstención del Grupo Popular, pero contó con los del PSOE y CDS, los mismos que horas antes se habían opuesto a la iniciativa del procurador Francisco Montoya, de PDL, de fijar la sede en Burgos. Los ‘populares’ también se abstuvieron. Finalmente, un decreto de Demetrio Madrid el 12 de agosto de ese año resolvió provisionalmente el asunto fijando las sedes provisionalmente en Valladolid. Con rapidez, las instituciones vallisoletanas ofrecieron inmediatamente locales para acogerlas: la Diputación puso en manos de la Junta el castillo de Fuensaldaña para las Cortes y el Ayuntamiento se apresuró a ceder el colegio de la Asunción para la Presidencia. Cuatro años después, Aznar llevó a la ley el estatus quo existente.

Una vez establecidas en Valladolid las sedes de la Presidencia y el Legislativo, un acuerdo del 10 de mayo de 1989 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial dispuso que la sede de la mesa de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia estuviera en Burgos, aunque la capital vallisoletana también alberga algunas delegaciones.

A partir de ese momento, el resto de instituciones propias de la Comunidad se han ido repartiendo por distintas ciudades, mediante el acuerdo de los grupos parlamentarios, sin que su sede esté fijada por ley. Así, nació en 1994 el Procurador del Común, defensor del pueblo de Castilla y León y sus oficinas centrales se instalaron en la capital leonesa. En 2002 y también con el consenso parlamentario se crearon el Consejo de Cuentas, en Palencia, y el Consejo Consultivo, en Zamora. Previamente, el Gobierno autonómico había fijado la sede de la Dirección General de Minas y del Ente Regional de la Energía en León, completando, por ahora, el mapa institucional de la Comunidad.

Pese a este consenso parlamentario descentralizador, obra fundamentalmente de PP y PSOE, el proceso no ha estado exento de debate y polémica. Repetidamente, el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, reclamó que el Procurador del Común volviera a Valladolid con el argumento de que era un comisionado del Parlamento y, sistemáticamente, recibía una respuesta desabrida del regidor leonés Mario Amilivia, hoy presidente del Consejo de Cuentas.

Sin embargo, la polémica más encendida la que protagonizaron en 2005 los socialistas vallisoletanos y leoneses. Los primeros pretendían que la reforma del estatuto que se negociaba entonces en las Cortes recogiera la capitalidad de Valladolid e, incluso, el portavoz del Grupo Municipal, Ángel Velasco, llegó a reclamar un estatuto de capitalidad para la ciudad. La propuesta cayó como una bomba en León, provincia de la que procedía el entonces secretario general Ángel Villalba, que dos años antes había decidido concurrir a los comicios autonómicos por la circunscripción de Valladolid en lugar de continuar con la tradición de presentarse por su provincia de origen. Tras una sucesión de declaraciones públicas, Villalba zanjó el tema señalando que el nuevo estatuto recogería “las sedes naturales” de las instituciones, un planteamiento coincidente con el de León de la Riva, que llevó el tema al Pleno municipal. Sin embargo, finalmente, los ‘populares’ de Castilla y León optaron por dejar las cosas como estaban y el estatuto vuelve a recoger que una ley finará por mayoría de tres quintos las sedes de las instituciones de Castilla y León. Ese es el apoyo que deberá lograr quien quiera cambiar la situación.