La presidenta de la Fundación, María García, explica que la idea del estudio surgió del Observatorio Estatal de Familias Monoparentales de la fundación, que trabaja activamente en el estudio de la monoparentalidad y ayuda, explica García, «a desmentir muchos de los bulos que se utilizan políticamente». Como ejemplo cita García publicaciones que se pueden ver en redes que hablan de grandes pensiones para madres solteras (generalmente aludiendo a mujeres migrantes) «cuando en muchos casos no existen o no llegan ni a cien euros».
Con el conocimiento, tanto sobre el terreno como en el plano teórico o normativo, la fundación mantiene esa observación y ya trabaja en la segunda encuesta, que tendrán en cuenta la segunda ola.
En la primera oleada, del 13 de mayo al 4 de septiembre, con la colaboración de la asociación valenciana Por Ti Mujer, participaron más de 300 familias de todas las comunidades. García reconoce que el informe no tiene inicialmente una pretensión científica, pero da una idea muy profunda de la situación. Una de los principios con los que trabaja la fundación es que «hay que pararse a ver de dónde venimos para ver a dónde vamos».
Doble impacto
Como explica el estudio, el impacto del covid en los hogares monoparentales «ha sido doble, ya que deben afrontar los mismos retos que todas las familias, sumando, de nuevo, la inexistencia de un marco legal que las reconozca y facilite una verdadera política familiar».
Entre las conclusiones destacan que la principal necesidad manifestada por las familias es el cuidado de menores. Apuntan que la fractura de la red social durante la pandemia ocasionó graves problemas a las familias monoparentales. «La imposibilidad de dejar a los menores sin una persona adulta condiciona las opciones de la unidad familiar disminuyendo sus alternativas», afirma el estudio. Por ello, manifiestan «la necesidad expresa de fomentar servicios adaptados a la realidad de la monoparentalidad».
Para la presidenta de la fundación, «la ley tiene que resolver muchas de estas cuestiones más allá de los servicios y de las ayudas». Considera que la mayor parte de las políticas actuales que atañen a la cuestión son «parches» producidos por esta situación de indefinición legal, como las incompatibilidades con el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
La labor investigadora, divulgadora y reivindicativa de Isadora Duncan las ha situado a la fundación a la vanguardia nacional en cuanto a la defensa de familias que afrontan los mismos desafíos, pero con mayores obstáculos en muchos casos.
Voces que se suman
Recientemente, el trabajo de la Universidad Nacional a Distancia (Uned) ‘La familia monoparental en la provincia de León. Nuevos retos y oportunidades’,de María Angélica Cosmen González, con Laura Ponce de León como responsable, apunta que «la reclamación de una Ley Estatal para el colectivo se trata de una reivindicación histórica, pionera en España y genuina en sus principios, que hoy en día se mantiene activa desde la fundación». Y como explica García, desde ese ámbito universitario corroboran que «las comunidades autónomas van aprobando leyes con mayor o menor acierto a lo largo de toda la geografía; reconociendo a la familia monoparental una serie de beneficios por tal condición pero que no abarca a todo el arco de la monoparentalidad en nuestro país, quedando así relevada al emplazamiento geográfico la condición o no del reconocimiento de este modelo de familia».
El análisis en profundidad del estudio señala que «nuestra comunidad autónoma es la última en aprobar un decreto ley que regule la situación de estas familias, pero si analizamos su contenido vemos cómo de nuevo hay familias que según este decreto no serán consideradas monoparentales y por consiguiente no podrán beneficiarse ni del reconocimiento legal ni de los beneficios que les corresponderían. Para que esto suceda, sería necesario que se clasifique a las familias por el nivel de renta y no por el número de hijos/as o la condición de discapacidad y/o dependencia de sus progenitores; sólo de este modo tendrían cabida todas las situaciones de monoparentalidad que se dan actualmente en nuestra sociedad, independiente de la vía de entrada a esta forma de convivencia».
Mientras esto ocurre, como señala García, se forman debates paralelos que reclaman la calificación de familia numerosa para las que incluyan dos hijos. Al margen de cifras, en el fondo de la cuestión están los prejuicios, «casi siempre basados en cuestiones económicas», concluye García.
Tanto la fundación como toda la red de colaboradoras que mantienen por España y con lazos en otros países europeos saben que el camino para lograr esa ley capaz de resolver los problemas que se plantean es largo, pero su trabajo a pie de calle contribuyen a reducirlos y con su estudio y divulgación consiguen «que el mensaje no se diluya».