El campo leonés, un año después de hacer historia

El pasado 28-F el sector primario de la provincia recibió el respaldo de la sociedad. 365 días después, los precios siguen bajos y la viabilidad de muchas explotaciones comprometida

C. Centeno
28/02/2021
 Actualizado a 28/02/2021
Cientos de tractores en el aparcamiento del Reino de León antes de comenzar el recorrido. | MAURICIO PEÑA
Cientos de tractores en el aparcamiento del Reino de León antes de comenzar el recorrido. | MAURICIO PEÑA
Hace un año que el campo leonés hizo historia sobre el asfalto de la capital. El 28 de febrero de 2020, agricultores y ganaderos de toda la provincia se unían para reivindicar unos precios justos que permitiesen que sus explotaciones fuesen rentables. Un grito unánime que llevaba semanas oyéndose en toda España y que llegó a León capital con casi 800 tractores y más de 4.000 personas en una marcha convocada de forma conjunta por las cuatro organizaciones de la provincia: Asaja, Ugal-UPA, UCCL y Ucale-Coag.
Aquel día, el sector primario pudo comprobar que «la sociedad leonesa comprendía y apoyaba nuestro malestar», recuerda Apolinar Castellanos, secretario general de Ucale-Coag. «A todas luces fue un acto histórico y positivo para el campo en muchos años», rememora también José Antonio Turrado, de Asaja León.

Sin embargo, 365 días después y una pandemia de por medio, las circunstancias siguen siendo similares para los que defendieron en las calles de León su forma de vida y la supervivencia del medio rural. «El Gobierno hizo muchas promesas y ha transcurrido un año y ha cambiado poco o nada», lamenta Juan Antonio Rodríguez, coordinador de UCCL en la provincia. Tan solo quince días después de la manifestación del 28-F en León, el avance de la pandemia y el estado de alarma paralizaban las negociaciones que habían surgido a raíz de unas movilizaciones que se repetían en toda España. «Tuvimos esa mala suerte», lamenta Matías Llorente, presidente de Ugal-UPA.

Los precios siguen siendo el principal caballo de batalla del sector. Para evitar la venta a pérdidas, el Ministerio de Agricultura puso en marcha la Ley de la Cadena Alimentaria, un cambio normativo «que después en la práctica no ha cambiado nada porque las relaciones comerciales han ido por los mismos derroteros y hay sectores en los que se está vendiendo a precios muy bajos, donde para muchos seguramente no se están cubriendo los costes de producción y están vendiendo, por tanto, a pérdidas», denuncia Turrado. Se está avanzando en el desarrollo de esa Ley «no al ritmo que nos gustaría», asegura Llorente, pero hay «compromiso» de las administraciones para desarrollar programas como ‘Del campo a la mesa’, un plan que pretenden reducir intermediarios, «lo más sangrante»en el cambio de precios desde que los alimentos salen del productor hasta que llegan al consumidor final. Un asunto que «hay que tomarse en serio», apunta Apolinar Castellanos, porque «hay muchas cadenas de distribución que siguen vendiendo por debajo de los precios de coste».

Además, el 2020 ha sido un año «incierto» a todos los niveles, también para el campo. En las primeras semanas de pandemia, la sociedad pudo comprobar que no existió desabastecimiento «y se nos dejó hacer para poder seguir produciendo alimentos para la humanidad», reivindicó Llorente. Sin embargo, para ciertos sectores el cierre del canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) ha sido «la ruina total» y otros no logran levantar cabeza, como el lácteo. «La ganadería es la que más ha sufrido, la gran perjudicada», lamenta Castellanos. Si ha habido una subida a nivel mundial de los precios del cereal, lo que ha beneficiado a los agricultores de la provincia principalmente en la cosecha de maíz. «El problema es que esa subida encarece los costes para los ganaderos», explica Turrado. «Los precios a parte de que son bajos el gran inconveniente es que son inestables», apunta.

En el lado positivo del pasado año, desde Asaja celebran el impulso a algunos regadíos de las zonas de Payuelos o el Páramo o la subida de la incorporación de jóvenes al campo. Sin embargo, el problema de fondo continúa y los precios de muchos sectores no permiten que las explotaciones alcancen la rentabilidad.

El futuro no es mucho más optimista y se presenta aún con más incertidumbre. La convergencia de la PAC que prevé el Gobierno hará que algunas explotaciones de la provincia (especialmente las mixtas, que tienen derechos unidos de agricultura y ganadería) pierdan «entre un 20 y un 30% de las ayudas», por lo que las previsiones son «nefastas», augura Rodríguez. A ello se unen «amenazas» como la protección especial del lobo.

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