15/10/2017
 Actualizado a 18/09/2019
Guardar
Cuando Mariano Rajoy accedió a la Presidencia del Gobierno de España lo hizo previo juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Por ello, es libre de poner en marcha o no el programa político con el que concurrió a las elecciones, pero no le es lícito elegir si protege o no el orden constitucional en función de cálculos políticos de conveniencia u oportunidad.

En las sesiones parlamentarias en las que se aprobaron las Leyes del Referéndum y de Transitoriedad se consumaron delitos de prevaricación, actuando, en el fondo y en la forma, contra informes jurídicos de los letrados del Parlamento catalán. Tras la suspensión del Tribunal Constitucional se consumaron delitos de desobediencia, incluso proclamando que tal suspensión no iba a ser acatada, como así fue. El 1 de octubre, además, un cuerpo armado que seguía directrices políticas se alzó frente a las órdenes de los órganos jurisdiccionales y de los fiscales a los que deben obediencia. Y en los días posteriores, instituciones locales afines al golpe consumaron delitos de coacción a determinados hosteleros para expulsar a la Policía Nacional de sus establecimientos y, a la postre, de Cataluña. Finalmente el pasado miércoles se proclamó la independencia de la república catalana, incurriendo de lleno en el tipo del artículo 472.5º del Código Penal. A lo largo de este iter criminis era obligada, por imperativo de la Ley, una operación policial con detenciones e incautación de los efectos del delito, y así se hizo, pero deteniendo a 14 mindundis de segunda fila y dejando que los delitos anunciados se perpetraran libremente.

Mariano Rajoy y la aspirante Soraya pretenden vendernos que son lo suficientemente inteligentes y cuitados como para jugar a la política con los autores de todos los gravísimos hechos delictivos que acabo de resumir, y que olvidemos que en ningún Estado de Derecho mínimamente decente cabría sostener que a un Gobierno le está permitido no impedir la comisión de delitos previamente anunciados, o no perseguir los ya consumados, en función de un cálculo político. Al hacerlo, los españoles nos encontramos bajo dos Gobiernos al margen del imperio de la Ley, uno –el catalán– por acción, y otro –el de España– por omisión.

En consecuencia, ahora que su condición de traidor al mandato constitucional ya no puede ponerse en duda, queda por saber si lo que pretende Mariano Rajoy con ello es parar un golpe de estado de una forma versallesca o, por el contrario, negociar y otorgar concesiones a los golpistas. Admito apuestas.
Lo más leído