El Bierzo encabeza la espera para iniciar la rehabilitación tras un ictus con 814 días

Más de 8.000 pacientes esperan este tratamiento en la comunidad, fundamental para su recuperación, una "cola" que la familia de una paciente berciana ha denunciado ante el Procurador del Común

Mar Iglesias González
02/11/2022
 Actualizado a 02/11/2022
Centro hospitalario de Ponferrada, donde no se le ofreció la rehabilitación a la denunciante hasta cuatro meses después.
Centro hospitalario de Ponferrada, donde no se le ofreció la rehabilitación a la denunciante hasta cuatro meses después.
El Procurador del Común se ha pronunciado tras recibir una denuncia de la familia de una paciente del Hospital El Bierzo, que sufrió un ictus en el mes de enero y comenzó tratamiento de rehabilitación pasados cuatro meses. Es un tiempo sobrepasado para estos pacientes, ya que la Federación Española de Ictus apunta que la premura es fundamental para recuperar la funcionalidad que puede dejar como secuelas este infarto cerebral. Es más, apunta que los tres primeros meses son fundamentales para esa recuperación. Pese a ello, las cifras de Sacyl son que 8.420 pacientes están esperando esta consulta indispensable (datos de marzo) en la comunidad.

Con esas cifras sobre la mesa, el Procurador del Común exige que se pongan más medios para rebajar esa espera, que no se da en otras áreas sanitarias –de hecho en Valladolid, la espera está en cuatro días- y, de no poder asumirlos, concertar con entidades privadas el servicio.

El Procurador, Tomás Quintana apunta que no tener acceso a ese servicio, en el caso de la denunciante «vulnera el derecho de la interesada a recibir una adecuada asistencia sanitaria».

El caso de la denunciante era complejo, puesto que el ictus le causó una dependencia que también implicaba a su hijo,que padece esclerosis múltiple y que necesita de su ayuda. Frente a esa situación, en lugar de acelerar el proceso de rehabilitación, del que ni siquiera se le dio cuenta tras recibir el alta en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde fue atendida, por su dilatada espera, se le propuso, desde los servicios sociales, ingresar en una residencia para atenderles. Pero esa posibilidad debía correr a cargo de su bolsillo, algo que no podían asumir con sus ingresos, de los que también dependería la rehabilitación privada para el problema de la madre.

Frente a este problema, la Consejería de Sanidad defendió sus decisiones asegurando que no podía concretar una fecha para comenzar la rehabilitación de la mujer, por lo que recomendó ese tratamiento privado. Asegura, en su escrito de respuesta al defensor del pueblo que la lista de espera «depende del número de personas que causen el alta en rehabilitación neurológica y de la programación de los pacientes con similar situación clínica».

La Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria en su respuesta al Procurador del Común asegura que no se puede saber cuánto tiempo necesitarán rehabilitación los pacientes que acceden al servicio, de ahí que la espera no pueda controlarse. Pero incluso justifican también haber recomendado que la mujer y su hijo ingresaran en una residencia privada, ya que, ese es el procedimiento cuando no hay plazas públicas en ese momento, como fue el caso.

Tras el Bierzo, los 133 en espera de Segovia

Las estadísticas dejan claro que el Bierzo está muy por detrás del resto de zonas en la comunidad en cuanto a la espera en ofrecer este servicio necesario. A finales de marzo, en toda la comunidad había 8.420 pacientes esperando la primera consulta de rehabilitación. En número, Burgos encabeza la cifra mayor con 2.139 personas a la espera, seguido de Palencia que sumaba 1.069.

La espera, en el cómputo de días está encabezada precisamente por el Hospital El Bierzo, con 814 días de media para conseguir esa esperada cita. La inmediatamente posterior a esta es Segovia, con 133 días, mientras que en Valladolid solo son cuatro días los que hay que esperar para conseguir esta atención, lo quehace que, a la espera, solo haya 208 personas. Las diferencias son muy abultadas entre centros.

Por eso, el Procurador del Común considera necesario que se garantice “una atención integral” a las personas que dejan el centro hospitalario y necesitan una rehabilitación que continúe su recuperación, todo ello, dentro del sistema público. Quintana considera que no es “una opción adecuada” derivar a una residencia privada y sin costearla.

La conclusión del defensor, apunta que la comunidad, por su envejecimiento, que hace que la prevalencia de estos infartos sea mayor "debería plantearse la necesidad de implantar e incrementar los medios precisos para hacer efectivos los derechos de nuestros mayores, especialmente en lo relativo a la asistencia sanitaria y a los servicios sociosanitarios”. Recuerda que se habla de “derechos de los ciudadanos”, lo que “requiere de la existencia de plazas suficientes y adecuadas para satisfacer las necesidades de atención de las personas mayores”, dice.

Quintana es duro al decir, en su resolución que “nada puede justificar las excesivas demoras que en muchas ocasiones se producen”. Por eso considera que “deben tomarse medidas extraordinarias” para rebajar las listas de espera, algo que apunta que ya supuso una petición del Consejo Consultivo, preocupado por la dilatación de las mismas tras la pandemia.
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