El alcalde de Villaquilambre afirma que pudo haber sido objeto de una detención ilegal

El alcalde de Villaquilambre, Manuel García, emitió a última hora de este martes un comunicado en el que afirma que "en el curso de las diligencias de investigación a numerosos Ayuntamientos del territorio nacional llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción Número Dos de Badalona, se había acordado la entrada y registro en las dependencias municipales de Villaquilambre, y la 'localización' de las personas que habitualmente utilicen los despachos objeto de registro. No obstante, funcionarios de la UDEF procedieron a trasladar al alcalde y Procurador de Castilla y León a las dependencias del Ayuntamiento para llevar a cabo el registro y posteriormente a la Comisaria de Policía de León para la práctica de unas diligencias policiales que no venían acordadas por el Auto del Juzgado de Instrucción de Badalona".

En relación con la investigación por irregularidades que tuvo lugar el martes en el Ayuntamiento de Villaquilambre, entre otros, el gobierno municipal afirma que la comisión realizará las gestiones oportunas para corroborar la legalidad de todo lo relacionado con el contrato adjudicado a la empresa Gespol. La iniciativa ha sido tomada por unanimidad tras una reunión llevada a cabo en la sala anexa a la Alcaldía ubicada en el Consistorio de la localidad, según informan fuentes municipales.

En este mismo encuentro se ha decidido ofrecer la presidencia de la comisión a un representante de la oposición durante la reunión de portavoces que estaba programada para el próximo lunes con motivo del Pleno que se va a celebrar en el Consistorio. Una iniciativa que pretende ratificar la transparencia y legalidad de la gestión municipal llevada a cabo por el equipo que dirige el alcalde, Manuel García.

En el comunicado, se recuerda que "se da la circunstancia, y es un hecho conocido,  que el alcalde de Villaquilambre es además Procurador en las Cortes de Castilla y León y por tanto tiene la condición de aforado, por lo que la detención practicada podría constituir, un delito de detención ilegal. El artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León dispone que “los procuradores durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la Comunidad salvo en el caso de flagrante delito, (que no es el caso) correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León”.

Por otra parte, los servicios jurídicos del alcalde de Villaquilambre añaden que "limitándose el Auto del Juzgado de Badalona, que conoce de la causa y expresamente discrimina las personas que habrían de ser detenidas de las que debían ser localizadas, la detención de cualquiera de éstas últimas, como sucede en el caso del Alcalde de Villaquilambre, pudiera tratarse de una clara extralimitación, más allá de lo expresamente acordado por el Juzgado. En definitiva, no habiéndose acordado por el juzgado de instrucción la detención, nada justificaba que la misma se llevara a efecto, pues la finalidad de la localización lo está encaminada únicamente a la práctica de la diligencia de registro con todas las garantías y en presencia de la persona que pudiera resultar afectada por dicho registro. Desde el Ayuntamiento de Villaquilambre se niega la existencia de irregularidad alguna en los procesos de contratación, asegurando que así resultará acreditado en el procedimiento judicial".