El alcalde de Cabañas Raras declara como investigado por un caso de prevaricación

Se le acusa de haber cometido irregularidades a su favor en la adjudicación de la parcela del polígono en la que construyó un crematorio de mascotas

L.N.C.
23/05/2019
 Actualizado a 15/09/2019
El alcalde de Cabañas Raras en una de sus intervenciones. | ICAL
El alcalde de Cabañas Raras en una de sus intervenciones. | ICAL
El alcalde de Cabañas Raras por el PP, Juan Marcos López, que se presenta a la reelección en el cargo, tendrá que declarar el próximo 17 de junio ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 8 de Ponferrada como investigado por un presunto caso de prevaricación administrativa denunciado por el Ministerio Fiscal y el concejal socialista Antonio Puerto.

El caso tiene que ver con las supuestas irregularidades detectadas en la subasta y posterior adjudicación de varias parcelas en el polígono industrial de Cabañas Raras, entre ellas la que ocupa un crematorio para animales, propiedad del regidor, veterinario de profesión en activo. En el caso de esa parcela, la 107, la normativa exige la previa subasta pública para que las zonas a subastar puedan ser adjudicadas al mejor postor, pero en ese caso no fue así.

En el pleno de marzo de 2016 sí se procedió a la aprobación de esa subasta pero, al parecer, como denuncia Puerto, el alcalde no la sacó a información pública, como debería haber sido el procedimiento.

Sin embargo, sí se le concedieron subvenciones del Instituto para la reestructuración de las comarcas mineras en 2014 y en 2015 actúa como propietario de la parcela solicitando la licencia de construcción y ambiental para ejecutar las obra, aunque la subasta pública para adjudicar el terreno no fue aprobada hasta un año después.

Pero, incluso sin realizar el pertinente paso de sacar a información pública la documentación, la parcela se le adjudicó por debajo del precio mínimo de licitación, que era de 27 euros –se la adjudicó por 25, con lo que obtuvo un ahorro de 3.000 euros-, aunque se apunta que tras conocer la denuncia de Puerto intentó solucionarlo «con una cláusula en la escritura de adjudicación».

Todo el procedimiento se hizo con su intervención y sin que se abstuviera en ninguno de los procedimientos administrativos, pese a tener intereses personales y directos en los mismos.
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