Educación Especial

Los padres de alumnos leoneses de Educación Especial se han manifestado en los últimos días con la pancarta ‘Educación Inclusiva Sí, Especial También’. La movida ha sido general en toda España. En Valladolid más de cinco mil personas, según la policía local, se manifestaron el día 23 de febrero con idéntico lema.

El problema surgió la semana pasada por la aprobación en el consejo de ministros del proyecto de ley orgánica para la reforma de la ley orgánica de educación, la ya famosa y breve Lomloe, que fija un plazo de 10 años para integrar a los alumnos con necesidades especiales en centros ordinarios pero dotados con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Como consecuencia de esto los más de 37.000 alumnos con discapacidad matriculados en los 470 centros específicos de educación especial en España se lanzaron a la calle para protestar porque tienen miedo a ser incorporados al sistema educativo general.

A la ministra de educación ‘si monta un circo le crecen los enanos’. Se lanzó a una reforma educativa partidista y con escaso consenso y todo ello para nada porque la tramitación parlamentaria es inviable por la disolución de las Cortes Generales ante el adelanto de las elecciones al 28 de abril. En defensa de la ministra nosotros pensamos que ella sólo trataba de cumplir con la normativa de la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España y que establece que los alumnos con discapacidad no pueden ser excluidos del sistema general de educación por motivos de discapacidad. Su única responsabilidad, por tanto, es acatar y respetar la normativa, pero se ha metido en un buen charco.

Y es que la solución a este problema parece complicada. Depende del ángulo desde el que se mire todo puede ser muy distinto: los alumnos con discapacidad, sus padres, sus profesores, sus compañeros, los colegios ordinarios o los especiales pueden tener opiniones muy diferentes y todas respetables. En mi caso se trata de la opinión de un profesor de secundaria que ha estado en la dirección de un instituto veintidós años. Por nuestro centro han pasado muchos alumnos con discapacidad y con necesidades educativas especiales muy variadas. Puedo asegurar que ellos fueron los alumnos más mimados por toda la comunidad educativa, desde ordenanzas a profesores, y muy especialmente queridos por sus propios compañeros. Me atrevería a decir también que ellos fueron felices en su etapa en el instituto.

En la actualidad son los equipos de orientación educativa y los departamentos de orientación los que diagnostican y proponen si un alumno con necesidades educativas especiales debe ir a un centro especial u ordinario. También existe la posibilidad de escolarización combinada, cuando las necesidades educativas así lo requieran, entre centros ordinarios y centros de educación especial. Normalmente hay un acuerdo entre la decisión de los profesionales de la orientación educativa y la voluntad de los padres. La decisión de la Lomloe que ha irritado y sacado a la calle a las familias es que en un futuro próximo se cerrarán los centros especiales y todos los alumnos deberán ir a los centros convencionales que, a su vez, serán dotados de los recursos necesarios para atender a estos alumnos.

Hay dos grandes corrientes de opinión en el tema: los que sostienen que el colegio especial es excluyente y atenta contra los derechos de los alumnos con discapacidad y los que defienden lo contrario porque los colegios ordinarios, al menos en el momento actual, no están preparados para ofrecer una enseñanza personalizada.

Es evidente que la solución no es fácil, pero hay una premisa que debe ser respetada: Es cierto que el dictamen que adjudica a un alumno con discapacidad a un colegio especial o a uno convencional debe ser personal e individualizado pero la decisión debe ir siempre respaldada por los padres que tienen la responsabilidad y la libertad para elegir la educación de sus niños. Nadie quiere más a sus hijos que los propios padres. Ellos conocen perfectamente lo que tienen en casa. Estamos convencidos de que las familias que se manifiestan estos días en las calles tienen sus razones para protestar y para temer esta propuesta de acabar con los colegios especiales porque saben bien que, hoy por hoy, los profesores y los colegios ordinarios están preparados para atender a muchos alumnos discapacitados, pero no a todos.

Por último, en nuestra opinión el problema es sangrante porque se trata de unos niños que no pueden defenderse por sí solos y porque sus padres ahora se ven obligados a soportar la normativa de unos políticos que les acusan de segregadores y les obligan a llevar a sus hijos a la escuela ordinaria. A todos, independientemente de su grado de discapacidad. Por supuesto, ojalá pudiera ser así. Sería maravilloso. Pero los padres son realistas y esto les suena a utopía y música celestial. Ellos saben lo que tienen en casa y que no se pueden meter todas las discapacidades en el mismo saco. Estoy seguro que lograrán detener este disparate porque son los padres, porque tienen razón y porque cuentan con el apoyo de la sociedad. Si fuera necesario a esa manifestación iríamos todos.