Ecologistas pide declarar el Páramo y Vega del Órbigo como vulnerables a la contaminación con nitratos

Ecologistas en Acción pidió este viernes a las Consejerías de Medio Ambiente y Agricultura que se declare como zona vulnerable a la contaminación con nitratos a las comarcas del Páramo y Vega del Órbigo, exigiendo el cumplimiento del código de buenas prácticas agrarias.

Según aseguró la formación ecologista, los proyectos de macrogranjas de porcino autorizados en los últimos años han convertido a León en la provincia de la Comunidad donde más ha crecido el censo de porcino, concretamente un 54,8 por ciento. Unas autorizaciones que se encuentran “muy próximas a localidades que presentan o han presentado en los últimos años problemas serios de contaminación por nitratos de sus abastecimientos públicos de agua de consumo humano”, como es el caso de “Regueras de Arriba, Alcaidón de Vega, Veguellina de Fondo, Villanueva de Jamuz o Quintana del Marco”.

Sin embargo, a pesar de que hasta el momento los episodios de contaminación con nitratos en los suministros de agua de estas localidades “han sido causados por el abuso de fertilizantes relacionados con el monocultivo del maíz”, la puesta en marcha de estas macrogranjas de porcino “introduce un factor adicional de riesgo”, ya que “la contaminación con nitratos de las aguas debido a la gestión de purines de porcino es ya un gravísimo problema que sufren provincias como Segovia y Salamanca”.

Ecologistas en Acción recordaron que han venido denunciando “ la gestión deficiente de los purines que utilizados como fertilizantes en los campos, contaminan las aguas y los terrenos de cultivo con nitratos, metales pesados, microorganismos,y componentes con potencialidad tóxica derivados de los medicamentos que se administran a los cerdos”.

Asimismo, insistieron en que “la Comisión Europea tiene en tramitación un procedimiento sancionador contra España por no tomar las medidas adecuadas para proteger sus aguas de la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agroganaderas”.

Por todo ello, solicitaron también a las Consejerías de Medio Ambiente y Agricultura que aprueben una moratoria en la concesión de nuevas autorizaciones hasta que se habilite una base de datos actualizada, se realice una evaluación de impacto ambiental estratégica del conjunto de macrogranjas ya autorizadas en cada provincia y se controle de manera efectiva la gestión de los purines y la disposición de los terrenos cedidos para el vertido de los mismos.