Ecologistas en Acción pide que el proyecto de cantera en La Pola se paralice definitivamente

Ecologistas en Acción pide al servicio territorial de Medio Ambiente que deniegue las concesiones solicitadas por Recursos Naturales del Gordón SL, y que si decidiera secundar las pretensiones de la mercantil, “proceda a ordenar la exclusión de los terrenos afectados del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de León de acuerdo con la Ley de Montes”. En un comunicado los conservacionistas recalcan que la cantera “es un despropósito que, promovido por los presidentes de las Juntas Vecinales de Polay Vega de Gordón, pretende extraer 80.000 metros cúbicos de roca al año”,mediante voladuras a cielo abiertoa menos de 400 metros de núcleo habitado, a unos100 metros del cauce del río Bernesga y a menos de 200 metros del tendido eléctrico, las vías del ferrocarril y la carretera N-630, “sin que se pueda descartar la posibilidad de que el impacto del material volado ocasionedaños a las infraestructuras mencionadas,a las personas y a sus bienes”.

En este sentido argumentan que el otorgamiento directo de las concesiones solicitadas por Recursos Naturales del Gordón SL, - informado favorablemente por los técnicos responsables de gestión forestal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, y sometido a información pública en el BOCYL el 20 noviembre y posteriormente el 13 diciembre de 2019- “vulnera claramente la legislación que protege los Montes y el Patrimonio de las Administraciones Públicas”. Así, explican que el otorgamiento directo contraviene la Ley de Montes de Castilla y León (art. 65), la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (art.93) y el Reglamento de Bienes de Entidades Locales (art. 78) que exigen el régimen de concurrencia y la previa licitación en las concesiones de uso privativo que se hagan sobre los Montes Catalogados de Utilidad Pública y bienes de dominio público en general, salvo excepciones que no cumple la empresa solicitante. Además, apuntan que el uso es incompatible con el régimen de protección de los MUP (art. 59 Ley de Montes de CyL) que obliga a preservar la condición forestal de los terrenos afectados. Los desmontes o explotaciones mineras a cielo abierto, como esta cantera de piedra caliza, suponen la alteración geomorfológica irreversible del monte y del paisaje.

Entienden que se olvida que según la Ley de evaluación ambiental (art. 43) la DIA perdió su vigencia y su plan de restauración quedó sin efecto al no haber comenzado la actividad Sin embargo, añaden, “para los responsables de la gestión del patrimonio forestal leonés se trata de un uso compatible que justifican apelando al plan de restauración contenido en la declaración de impacto ambiental favorable (DIA publicada en el BOCYL de 2 enero 2014) que se otorgó al proyecto de cantera La Solana”. Entienden que se olvida que según la Ley de evaluación ambiental (art. 43) la DIA perdió su vigencia y su plan de restauración quedó sin efecto al no haber comenzado la actividad y haber transcurrido más de 4 desde la entrada en vigor de la Ley. Además, la DIA sólo incluía 2,69 hectáreas y no las 7,56 hectáreas cuya cesión se informa ahora favorablemente, incluyendo actividades que no contempla la DIA como una planta machacadora y la apertura de una nueva pista de 18 metros de ancho de acceso al frente de cantera.

Desde Ecologistas en Acción se concluye que “basta un recorrido por el término municipal de Pola de Gordón (uno de los municipios leoneses que más territorio ha cedido a los desmontes de las explotaciones mineras a cielo abierto) para comprobar cómo la restauración forestal queda sobre el papel, en una mera declaración de intenciones. Así lo demuestra, por ejemplo,la degradación del monte que dejó sin restaurar la empresa Rocalo y que, en un alarde de cinismo, los técnicos de gestión forestal utilizan como excusa para implantar la nueva cantera en el mismo terreno, envez deexigirla restauración del MUP, deacuerdo con la Ley de Montes”. Así, detallan que el proyecto del conjunto de la actividad, construcciones auxiliares y pistas de acceso, “no obra en el expediente y no ha sido sometido a información pública”, por lo que “sin conocer el verdadero alcance de la actividad, las contraprestaciones económicas establecidas son totalmente arbitrarias”.

Por último aseguran que para Ecologistas en Acción “los técnicos que suscriben el informe favorable a estas concesiones actúan como intermediarios facilitadores de negocios mineros y no como gestores del patrimonio forestal colectivo”.