De esta manera, desde el sindicato Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (Anpe) se asegura que llevan años emprendiendo una cruzada para lograr «un sistema de oposición más objetivo». No obstante, ante la propuesta de los populares consideran que «tampoco implica que necesariamente sean para todo el mundo igual».
Junto a estos exámenes homogéneos, Casado también expuso la semana pasada su intención de que exista la posibilidad de realizar las pruebas también en castellano. De esta manera, el PP persigue que el conocimiento de lenguas como el euskera, el gallego o el catalán sean un mérito para superar los exámenes, pero no un requisito imprescindibles como actualmente.
La presidenta de Anpe en León, Manuela Diez, considera que es imprescindible «pensar como estructurar el proceso y qué se va a demandar en él». «Está bien que se integre en todo el territorio español y que no haya 17 cosas distintas porque, al final, eso repercute también en el alumnado», señala a este periódico la portavoz de Anpe en la provincia leonesa.
Esa línea de la reflexión y el consenso es compartida desde el apartado educativo de UGT León. Cristina Espinosa considera que «habría que estudiarlo» y que, en todo caso, sería necesario «un consenso entre los agentes sociales, sindicatos y comunidad educativa» y, por encima de todo, «contar con los que estamos en el aula dando clases».
Desde el sindicato UGT creen que esa igualdad en las oposiciones debería llevarse a todo lo relacionado con los docentes. «Queremos que esa igualdad también sea para horarios lectivos y retribuciones», apunta Cristina Espinosa.
En concreto, esta corriente de opinión pone como ejemplo la reivindicación del profesorado de una jornada de 18 horas lectivas, no complementarias, enmarcada dentro de su jornada laboral semanal de 37 horas y media. En este sentido en Castilla y León se pide una posición similar a la que en este apartado cuentan en regiones como La Rioja o Extremadura, con 18 horas semanales en Secundaria y 23 horas para Infantil y Primaria. Por su parte, en el capítulo de desigualdad económica denuncian que, por ejemplo, un profesor de León llega a percibir «2.000 euros menos anuales» que un compañero que ejerza la profesión en Santander.
El ranking de colegios es "inviable" y va en contra del principio de igualdad educativa
Los profesores leoneses se han mostrado críticos con la propuesta para la educación de Pablo Casado en el aspecto de establecer rankings de colegios en base a los resultados obtenidos en una serie de exámenes o reválidas que se harían al final de cada etapa educativa. La propuesta nacida con la idea de competir por elevar la calidad de los centros y que los padres tengan datos objetivos para matricular a sus hijos en un determinado colegio o instituto, encuentra el mayor punto de desencuentro en ese mismo aspecto. Para Manuela Diez de Anpe León, «la educación no puede ser un método de competitividad» y en la educación pública debe haber «una igualdad que hay que fomentarla». Un paso más allá van en UGT que califican a la idea de «absurda e inviable». Según expone Cristina Espinosa, cada centro «tiene su casuística, intereses y necesidades» y creen que no se pueden unificar criterios «entre un colegio de ciudad, otro rural, uno concertado y otro que sea de Formación Profesional (FP)». En concreto, creen que la medida sería contraproducente para ayudar «a los mal llamados centros gueto» debido a que «los padres no querrían matricular a sus hijos». Del mismo modo, en UGT de León no entienden que «ahora venga la administración y quiera hacer un ranking de calidad y, por tener pocos recursos, vayan los últimos de la lista». «Demasiado hacemos en los colegios rurales con la escasez de recursos materiales y personales que hay. Los excelentes profesionales de la educación que hay en la provincia son los que intentan superar estas desigualdades», señala Cristina Espinosa. La reforma educativa que planea el PP también quiere reforzar la libertad de los centros, la FP dual y el bilingüismo.