Unos meses antes, Silva había dejado su trabajo en una editorial de revistas para escribir una novela sobre el Valle de los Caídos protagonizada por unos bercianos exiliados en Argentina, con la que quería rendir homenaje a su abuelo. “En marzo del 2000 empecé a ir al Bierzo los fines de semana para entrevistar a gente mayor que me contara historias”, recuerda el presidente de la ARMH. Fue entonces cuando conoció a Arsenio Marcos, un amigo de la infancia de su padre y militante del Partido Comunista en Ponferrada. Él fue quien llevó a Silva hasta la cuneta en la que se situaba la fosa donde yacía el cuerpo de su abuelo, junto al de otros 12 represaliados asesinados por un grupo de pistoleros falangistas en octubre del 36, y también fue el responsable de que esa novela siga sin terminarse 20 años después. “No he escrito la novela pero la he vivido”, asegura.
Su abuelo, que también llevaba por nombre Emilio Silva, fue la primera víctima a la que se identificó mediante pruebas de ADN en España. Antes, en la década de los 70 del siglo pasado, se habían llevado a cabo algunas exhumaciones hechas por familiares, en muchos casos hijos o viudas de las propias víctimas, “con un pico, una pala y mucho amor”, explica el presidente de la ARMH. El rigor científico que aportaba el equipo formado por forenses, antropólogos y arqueólogos fue una de las principales diferencias en la exhumación de ‘los 13 de Priaranza’, que también supuso la incorporación de la siguiente generación, la de los nietos, a la preocupación por el paradero de sus abuelos.
De aquel episodio, Silva recuerda especialmente la sensación de “cuenta atrás”, después de dos días infructuosos de búsqueda, y el temor de pensar que las obras de reensanche de la carretera podían haber destrozado los restos que se buscaban. Finalmente, el domingo por la mañana aparecieron las primeras evidencias en el lugar señalado por Francisco Cubero, un testigo de los hechos que aún estaba vivo en aquel entonces y que había sido obligado a enterrar los cuerpos, junto a otros compañeros, cuando era apenas un adolescente.
“Mi padre y mis tíos, que aún estaban vivos, tuvieron la oportunidad de vivir ese momento, pero también pensé mucho en mi abuela Modesta, que había muerto dos años y medio antes y a la que le destrozaron la vida. Pasé muchos veranos con ella y jamás le oí hablar de su marido”, asegura Silva, que recuerda como unos años antes de la exhumación, su abuela compró un panteón en el cementerio de Pereje, su pueblo natal, y le puso los apellidos de su marido. En el año 2003, tras el periplo que supusieron las pruebas forenses practicadas a los restos aparecidos en Priaranza, el matrimonio pudo volver a reunirse para compartir su descanso eterno.
Esa exhumación en tierras bercianas fue el germen de la actual ARMH, que se inscribió en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior en diciembre de ese mismo año. Desde entonces, la asociación ha sido responsable de más de 140 exhumaciones en todo el territorio en las que se ha rescatado a más de 1.400 víctimas, además de numerosos seminarios, homenajes y exposiciones. “Hemos abierto un debate sobre el pasado que no existía un año antes de que empezáramos a exhumar fosas”, explica el presidente, que valora la ayuda recibida a lo largo de estas dos décadas por miles de personas que buscaban a un familiar desaparecido.
Sin embargo, los responsables de la asociación consideran que debe ser la Administración la que asuma una tarea, la de la atención a las víctimas, para la que piden la creación de una oficina específica en cada provincia. “Casi todas las cosas que hemos hecho las debería haber hecho el Estado”, considera Silva, que cita como ejemplo la documentación y los informes históricos, arqueológicos y forenses que acompañan a cada exhumación. “Son documentos parciales; si los hubiera producido el Estado serían documentos oficiales”, explica el presidente de la ARMH.
Ley de Memoria Democrática
En ese sentido y ante la aprobación por parte del Gobierno del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, Silva pone voz al “descontento fundamental” de la ARMH respecto a la búsqueda de desaparecidos. “El Gobierno ha sido muy confuso al explicar cómo va a hacer para buscarlos. Lo que no he oído es que el Estado vaya a abrir una oficina que atienda directamente a esas víctimas”, explica. Al respecto, el presidente de la asociación recuerda que los informes de la ONU advierten de que la “pasividad de la administración” en este asunto está abocando a la “privatización de las exhumaciones”. “Al Estado le tienen que doler todos esos dolores”, apunta Silva.
En la misma línea, otra de las quejas respecto al texto tiene que ver con el “ejercicio de doble moral” que supone convertir en delito la apología del franquismo sin castigar los crímenes cometidos por el régimen y con el uso del término Memoria Democrática. Según Silva, este acercamiento a la historia de los hombres y mujeres que han luchado por construir los derechos y libertades en España desde hace 200 años supone “una forma de desenfocar a quienes destruyeron la democracia”. “Eso también es muy importante aprenderlo, debe estar en los libros de texto, es necesario conocer quiénes fueron, qué métodos usaron y qué objetivos tenían”, explica.
De esta manera, la ARMH critica la “total continuidad” de la ley que se está tramitando con las políticas “negacionistas” de la Transición que llaman a una reconciliación “sin víctimas ni verdugos”. “En España sólo vamos a ver una historia de los buenos, habrá víctimas pero no habrá verdugos. Yo quiero que se estudie la historia de Clara Campoamor, pero también quiero que se sepa qué decía en sus alocuciones el general Queipo de Llano cuando hablaba de cómo había que tratar a las mujeres como Clara Campoamor”, resume Silva, que subraya que “el mejor homenaje a las personas que buscamos está en un libro de texto”.
Por otro lado, la ARMH también pide al Gobierno que termine con la “discriminación entre víctimas de unas violencias y otras”. “No puede ser que las víctimas del terrorismo tengan todas las puertas de la Administración abiertas mientras las víctimas del franquismo tienen que ir a una asociación”, explica Silva, que recuerda que “la desaparición es el peor delito que se puede cometer contra un ser humano, no se le puede hacer nada peor”. En ese sentido, insiste en que la asociación no puede otorgar estatuto de víctima y pregunta si alguien entendería que, tras un atentado, se diera dinero a una asociación para investigarlo. “Esperamos que en el trámite parlamentario se corrijan estos errores”, apunta.
Además, el presidente de la ARMH avanzó que la asociación no se presentará a las subvenciones previstas en la ley, como ya ha hecho en Castilla y León. “No estamos de acuerdo con el modelo y no vamos a participar, vamos a seguir haciendo exhumaciones con nuestros recursos hasta donde den”, adelanta Silva, que recalca que “los derechos humanos no se pueden subvencionar, es algo de primero de civilización”.
En la misma línea, Silva reprocha que Castilla y León, la comunidad autónoma en la que más fosas se han exhumado, propusiera un convenio con el Centro Documental de la Memoria Histórica para elaborar su mapa de fosas. “De las 800 personas exhumadas en Castilla y León, ni una sola tiene un documento que la cite en Salamanca”, señala el presidente de la ARMH, que considera que “ese mapa se tiene que hacer dotándolo de recursos y peinando los pueblos, no hay otra manera”.
Al respecto, la asociación cifra en más de 3.000 las fosas repartidas por el territorio que aún quedan por abrir, algunas de ellas de dimensiones terribles, como una existente en la provincia de Sevilla en la que se calcula que puede haber hasta 1.300 cuerpos. “Aún falta mucho por saber y muchas fosas nunca las encontraremos”, reconoce el presidente. A la espera de que se complete el trámite parlamentario del texto, Silva valora algunas de las novedades de la ley, como la ilegalización de la Fundación Francisco Franco o la retirada de los títulos nobiliarios concedidos por el dictador.
Sin embargo, la ARMH insiste en que “hay cosas que se pueden hacer sin pasar por una ley”, como la creación de un instituto de interpretación de la historia del fascismo español, de la oficina de atención a las víctimas de desaparecidos o la cesión de los laboratorios del Instituto Toxicológico al servicio de las identificaciones. “Una ley sin voluntad política sirve de poco, pero la voluntad política sin ley puede servir de mucho”, señala.