Donde el Infierno se llama La Cabrera

Puedo imaginar la infinita tristeza de Ramón Carnicer, allá donde se encuentre, viendo cómo arden los montes y valles de La Cabrera, que él tanto amó. Puedo imaginar la infinita tristeza de los cabreireses, a quienes dedico estas líneas que me producen llagas en los dedos.

Las imágenes que nos llegan son terribles. Estamos ante una emergencia nacional, un asunto de Estado al que conviene llamar por su nombre: terrorismo ecológico. De Norte a Sur y de Este a Oeste, cada día de este verano hemos soportado incendios, cada día más grandes y más cerca. No bastó que prendiera la mecha del escándalo en mayo con el incendio de la Tebaida, apagado tarde y mal. Después han venido Borrenes, Barjas, Flores del Sil, Narayola, Argayo del Sil, San Esteban de Toral, Paradela de Muces y ahora el infierno de La Cabrera. Más de 10.000 hectáreas arrasadas en pocos días; miles de hectáreas más en Ourense o en Andalucía.

Dicen: «Es un incendio provocado». Sí, la mayoría de los incendios son provocados por delincuentes, pero ¿qué hacen ustedes para perseguir el terrorismo ecológico? La respuesta es: nada. Dice un alcalde de La Cabrera, «espero que el autor caiga en manos de la justicia». O sea, a usted le queman su casa y sale en televisión diciendo «espero que caiga el culpable», ¿o más bien presenta una denuncia y exige a la policía que busque al pirómano?

No espere usted, buen hombre: cumpla con su deber como alcalde y vaya hoy mismo a presentar una denuncia. Si son asesinos de la naturaleza, terroristas ecológicos o pirómanos dementes, hay que ir a por ellos con todo el peso de la ley. Hay indicios, pruebas, testigos, sospechas… la Guardia Civil o la Policía nos demuestran cada día cómo tratar a los delincuentes. Hace un año desapareció la joven Diana Ker: la Guardia Civil lleva un año agotando cada sospecha. Apareció su móvil en el fondo de la ría, lo han enviado a Alemania para recuperar los datos. Han declarado decenas de testigos, han rastreado conversaciones, cámaras, ADN… un equipo especial lleva un año dedicado en exclusiva a esta desaparición.

¿Qué se hizo ante el incendio de la Tebaida que arrasó el Valle del Silencio? Al día siguiente del crimen, el sospechoso andaba en boca de todos con nombre y apellidos. ¿Lo denunciaron el Ayuntamiento de Ponferrada o la Junta de Castilla y León, primeros perjudicados? No. ¿Investigó de inmediato la Guardia Civil? Tampoco. Tuvo que presentar la denuncia un grupo ecologista. El Ayuntamiento de Ponferrada ha tardado tres meses en personarse ante el juzgado, a rastras, obligado por un pleno extraordinario.

Entonces, cuando estamos hablando de delincuentes, de un gravísimo delito ecológico, ¿qué necesitan un alcalde o un consejero para actuar? ¿Y los jueces y fiscales? ¿Y la guardia civil y los agentes forestales?
Todo el mundo sabe las decenas de incendios de este verano. ¿Cuántas denuncias ha presentado la Guardia Civil? ¿Cuántas diligencias para perseguir estos delitos se están instruyendo en todos los juzgados del Bierzo o de Castilla y León? Pidan esa información al Consejo General del Poder Judicial; pásmense de la inoperancia, de la pasividad de todos: alcaldes, cuerpos de seguridad, jueces y fiscales. ¿Qué mensaje de impunidad están enviando a los pirómanos y a toda la sociedad?

A los delincuentes se les persigue y sienta en el banquillo poniendo en marcha la eficaz (sí, eficaz, cuando quiere) máquina de los cuerpos de seguridad y la Justicia. Ofrezco al Presidente de la Junta de Castilla y León una sugerencia constructiva, que estoy seguro sabrá valorar: vaya mañana mismo a los juzgados de guardia correspondientes, acompañando a cada alcalde de todos y cada uno de los municipios afectados por algún incendio y presenten de inmediato una denuncia por cada incendio.

Al tiempo, convoque a los medios de comunicación a la puerta de los juzgados (después de presentar la denuncia, no antes) y manden a la sociedad un mensaje de firmeza: se acabó la impunidad. De paso, dé las gracias públicamente a los grupos ecologistas que se han distinguido por denunciar a los incendiarios, luchando incluso contra la resistencia de algún juez y la pasividad de algún fiscal.

Luego escriba con la máxima urgencia al Ministro de Justicia exigiendo dos jueces especiales de refuerzo (o los que sean necesarios) y otros tantos fiscales especializados en delitos ecológicos. Diríjase oficialmente a la Dirección General de la Guardia Civil y comprometa que se destinen efectivos a perseguir a los incendiarios. Que traigan perros adiestrados, que rastreen teléfonos, que hablen con los vecinos, que se tomen declaraciones, que los sospechosos pasen 72 horas en el cuartelillo y sean llevados ante el juez, que busquen tiques de compra, restos de gasolina, mechas, velas, conejos con el rabo ardiendo. Si buscan las pruebas, las encontrarán. El problema es que no las buscan, no hay denuncias y al delincuente le sale gratis.

Y, por último, ante esta catástrofe de Estado, esta misma semana encabece una manifestación ciudadana contra el terrorismo ecológico; pero venga con los deberes hechos. ¡Arriba las ramas!