Un informe de la secretaria estima en el "lucro cesante" el valor de la indemnización a la que obliga el juzgado Ante las dudas que la modificación de créditos ha suscitado en el diputado de En Común, Miguel Flecha, que no está presente en la Comisión de Hacienda y Contratación, el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, ha explicado que la necesidad de reservar la partida atiende al "criterio de los servicios jurídicos, intervención y contratación". Por su parte, el portavoz de UPL, Matías Llorente, ha precisado que "no es una aportación al servicio, sino una reposición a la que obliga el juzgado". En cuanto a la cifra de 10,3 millones de euros, Llorente también ha explicado que, en base a lo dictaminado por el juez, "es necesario realizar la reposición igual exactamente a la cantidad que teníamos prevista para la prestación del servicio en el año por el cual estamos (la Diputación) en el juzgado". La modificación de crédito fue aprobada por unanimidad en el pleno.
Facturas atrasadas
Por otra parte, el pleno también ha aprobado una segunda modificación extrajudicial de créditos relacionada con el servicio de ayuda a domicilio que, en este caso, ha salido adelante con los votos favorables del PP y la abstención del resto de grupos políticos. La modificación se refiere al pago de las factura del mes de febrero emitida por la UTE adjudicataria del servicio, en la que también está presente Seralia, y cuyo importe asciende a 735.513,46 euros. En este punto, Matías Llorente ha recordado que esta misma situación ya se ha producido en "plenos anteriores" y ha justificado la abstención recordando que existe "un informe de la interventora que nos dice (a Diputación) que podemos incurrir en no sé cuántas cosas".