Este presunto episodio de violencia se produjo en la mañana del pasado jueves 1 de febrero. Tal y como ha podido recabar este periódico de fuentes procedentes de todas las partes implicadas, entre los trabajadores del Monte San Isidro se inició una discusión mientras realizaban labores junto a las instalaciones de San Cayetano. Las agresiones verbales habrían provocado además insultos del responsable de los trabajos a uno de los peones forestales que allí operaban, y otra compañera («ofendida porque alguien discutiera con el jefe») habría agredido físicamente –y por detrás– a este trabajador, siempre según las versionesrelatadas por varias personas que estaban presentes durante los hechos.
El trabajador agredido, funcionario de la casa desde hace muchos años, necesitó ser atendido en un centro médico por dolores cervicales y de cabeza. Además del parte de lesiones, está recibiendo rehabilitación. El día de los hechos presentó una denuncia en la comisaría y se plantea otras medidas judiciales, ya que según han asegurado varias fuentes de solvencia no es la primera vez que ha sufrido actuaciones contra su dignidad y cuenta con pruebas que lo atestiguan.
La presunta agresora también es funcionaria de la institución provincial.
Fuentes del equipo de gobierno confirman que este asunto se abordó el pasado viernes 9 de febrero en la junta de gobierno: apertura de expediente informativo al trabajador, a petición del jefe de servicio de Agricultura y Desarrollo rural, que adjuntó una declaración escrita con su versión de lo acontecido.
La política de Personal
La controvertida política de Personal de la Diputación de León sigue provocando más de un dolor de cabeza al equipo de gobierno, que a su llegada a la institución provincial –junio 2015– manifestó que su intención era huir de los continuos conflictos de épocas anteriores, en su mayoría ligados al área de Recursos Humanos.
Entre agosto de 2016 y diciembre de 2017, a 26 trabajadores de la Diputación se les abrió un expediente disciplinario por diez causas diferentes.
En cuanto a las cifras de litigios, no han dejado de crecer. Si entre 2012 y 2017 ‘la casa’ se sentó 280 veces en el banquillo de los acusados (y desembolsó en gastos e indemnizaciones más de 750.000 euros), el panorama no ha mejorado en exceso: entre agosto de 2015 y 2017 la Diputación de León ha estado inmersa en 73 procesos judiciales. El diputado de la oposición Matías Llorente ha criticado en varias ocasiones un coste para las arcas provinciales en gastos e indemnizaciones de unos 500.000 euros anuales.