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Diálogos torticeros

29/12/2020
 Actualizado a 29/12/2020
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El ciudadano medio que va a su trabajo salvando diariamente distancias y atascos, el resignado contribuyente que se ve agredido por las falsas promesas de sus políticos para gestionar y administrar el ‘tesoro del pueblo’ y esquilman su bolsillo después de las elecciones de turno, asiste atónito, inerme ante las promesas incumplidas, una y otra vez, salvo cuando han gastado el dinero y suben los impuestos e incrédulo comprueba el deshilachamiento de un Estado que costó mucho edificar y en el que pusieron muchas ilusiones los españoles de buen corazón y sensatos.

El inicio de unas conversaciones alrededor de una mesa de negociación con una comunidad autónoma porque sus dirigentes se han alzado contra las instituciones de un Estado al que pertenecen y con gentes imputadas y sancionadas por la Ley constituye un atentado contra el desarrollo democrático de España y la convivencia normal de los españoles.

Cuando se soliviantan las bases de la Constitución, sea cual sea el que lo haga debe padecer las consecuencias de las leyes que todos debemos observar y cumplir y cuando se trasgreden nadie queda exonerado de esa pena aunque sea muy alto el poder que desempeñe; precisamente por ello y por el ejemplo que debe dar ante el pueblo, es el primero que debería desaparecer del escenario político.

¿Nadie se da cuenta de que es muy grave atender las demandas de una comunidad autónoma que ha llegado al límite de sus incumplimientos y que los Gobiernos de la Nación deberían plantearse no la genuflexión si no la consulta a toda la nación para ver si esa Constitución que tenemos debe revisarse en un sentido u otro?

Antes de hacer soflamas televisivas para extender mantras torticeros e interesados, había que explicar algo de Historia a los de a pie, informar correctamente de los pasos que dará un Gobierno con deseos de arreglar los estropicios provocados por los que no cumplen las leyes y por qué dos autonomías esencialmente actúan ya como si fueran independientes del resto de España y, naturalmente, desean que se les legitime con el dinero de todos ante las instancias internacionales.

A estas alturas es lógico que los demás ‘jefes tribales’ de los ‘taifas’ españoles se solivianten y sientan el ataque de cuernos principalmente porque el reparto del dinero no es equitativo ni ‘sostenible’, incluso hay amenazas de ir contra las autonomías que gestionan su chiringuito de forma eficaz y con resultados positivos en la cuenta de resultados sin ‘apretar’ al sufrido contribuyente.

En León se sabe mucho de esto porque creemos que es la autonomía que ha sufrido el abuso y la succión centralista de su vecina Castilla, y es ahora nuevamente cuando los mismos que contribuyeron a sumergir la región en el olvido de muchos proyectos arrebatados de forma descarada, surge el sentido patriótico de la autonomía separatista de Castilla.

Es hora ya de que nos merezcamos ser gobernados por gentes dispuestas a colocar a España en la órbita cultural, científica y social que merece y demostrar que somos capaces de hacer un Estado que funcione sin gastar sus fuerzas absurdamente en mantener una cuota de poder para llenar las urnas de votos responsables, que habiliten a los que les gusta hacer algo por su país para que encuentren soluciones sensatas de progreso y cultura, con el fin de seguir incentivando el clientelismo, la subvención y el sectarismo.

Esto sí sería motivo de una inmensa negociación entre todas las comunidades autónomas sin distinciones, ya que el mero hecho de mencionar el calificativo de histórica es una discriminación, puesto que hoy los problemas son globales y lo que se debe promocionar es la solidaridad, investigación, trabajo y bienestar razonables.

Sería más rentable promover una gran mesa de negociación para solventar el paro, las pensiones, la sanidad, las relaciones humanas con el fin de evitar la violencia, el maltrato, el acoso y el desprecio al semejante, es decir, todo lo que preocupa al ciudadano de a pie y su estado de bienestar porque se lo merece.

Todo lo demás producirá incomodidad, desajustes sin cuento, desigualdad, injusticias y una absurda pérdida de tiempo y los responsables deberían pagar de alguna manera por su ignorancia y falta de respeto a las normas que se ha dado el pueblo en referéndum ya que ese es el camino: consultar al pueblo que es soberano.

Los acontecimientos de Perpiñán y la laxitud que se contempla el reto al estado español demuestran la tesis que mantenemos.
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