Deudas y concentraciones

El debate político local y autonómico transita estos días por las deudas entre administraciones y las concentraciones municipales. Ambos temas se tratan superficialmente, como ocurrencias. Sin embargo los dos aspectos son de importancia crucial para el presente y futuro de León.

Sobre la reclamación de fondos que la Junta de Castilla y León dirige a Madrid, habría que hacer una petición complementaria y un estudio ad hoc. El nuevo gobierno de la Diputación estima en 16 millones de euros al año el coste de las competencias impropias. Esto son servicios que debería de pagar la Junta, pero que no paga. En otras palabras, tenemos esos servicios porque los cubre la Diputación, aunque no le corresponda. Suponen el 13% del presupuesto (una burrada) de la institución, con lo que se podría atender mejor las propias competencias.

Es inevitable preguntarse cuánto es entonces la deuda histórica de la Junta con la Diputación. La autonomía ha ido asumiendo competencias durante 35 años. Absorbió en ese proceso algunas competencias impropias, aunque sin pagar con retroactividad. Hablar de una deuda histórica de la Junta de 400 millones de euros con la Diputación de León no es disparatado. ¿Pagará la Junta ese débito? Y si no lo paga ¿por qué los leoneses debemos perderlo en términos de servicios públicos?

Y esa no es la única deuda autonómica, puesto que quedó, por ejemplo, la correspondiente a los fondos del Plan del Carbón, que se aplicaron sin adicionalidad. La Junta cubrió sus competencias con estos fondos del gobierno central, desviando los suyos para el resto de provincias no carboneras. ¿Cuánto deben a León por ese capítulo?

Un segundo debate es la necesidad de fusión de municipios. Lo plantea de forma bastante inespecífica Ciudadanos, con la superficialidad habitual. Que pueblos y ayuntamientos leoneses con menos de 500 habitantes no deberían soportar las pesadas cargas propias de la institución municipal es una evidencia. Que la fusión de ayuntamientos sobreendeudados, como León y San Andrés, resolvería el problema gracias a las ayudas que estipula la Ley de Sostenibilidad de las Administraciones Públicas es una realidad. Pero que la existencia de los concejos/juntas vecinales en León abre una posibilidad de gobierno local sano, con delegación de competencias, si se dota de medios, es algo que no se puede ocultar por poco castellano que resulte.

Solo la falta de información al ciudadano, la oposición corporativa de los secretarios municipales y la ausencia de un papel para las juntas vecinales evita que León evolucione hacia unos 40 municipios saneados y eficientes. Pero ninguna fuerza se manifiesta a favor.