Desmantelamiento racional

No ha quedado demasiado claro lo está pasando con el cierre de las centrales térmicas, convertidas en arma arrojadiza del enquistado debate político, en el que parece que todo cabe en general y en esta época mucho más aún. Se sabe que van a cerrar, algunas ya tienen fecha para su desmantelamiento y otras no, pero los trabajadores de unas y otras no quedan en las mismas condiciones. De momento, ya tienen certificado de defunción las centrales bercianas de Anllares y Compostilla, con muy desiguales formas. De un lado, la central de Anllares, propiedad de la empresa ahora llamada Naturgy, estableció los plazos de cierre durante el gobierno del Partido Popular, que no le exigió cumplir con ningún tipo de inversión que compensara el desmantelamiento en su área de influencia. Del otro lado, Compostilla, propiedad de Endesa, que ha anunciado más de 250 millones de euros de inversión en un proyecto fotovoltaico a desarrollar en el Bierzo que generará durante su construcción 650 empleos, de los que sólo 22 pasarán a ser indefinidos. Esa desigualdad en cuanto al compromiso con el territorio en el que ha desarrollado su actividad, y en el que se ha enriquecido, resulta verdaderamente incomprensible e injusta, y si nada se puede hacer respecto a los pasos ya dados, al menos que no pase lo mismo con la térmica que queda abierta...