Los 13 consejeros citados apoyaron las operaciones y se les investiga por administración deseal Los 13 consejeros citados apoyaron las operaciones y se les investiga por administración desealLa denuncia presentada por Izquierda Unida el 15 de noviembre de 2015 ante la Fiscalía Superior de Castilla y León sobre presuntas irregularidades en las cajas de ahorros de la comunidad daba lugar a la posterior denuncia del Ministerio Fiscal (en mayo de 2013), que apreció unos hechos presuntamente constitutivos de un delito de administración desleal (tipificado entonces, antes de la reforma de 2015, en el artículo 295 del Código Penal) en el que, consideraba, podrían haber incurrido los miembros del Consejo de Administración de Caja España, luego de España-Duero.
Estas irregularidades estarían enmarcadas en el periodo en el que Santos Llamas ostentó la presidencia de la entidad, entre junio de 2006 y octubre de 2012, cuando se concedieron, decía ya entonces el Ministerio Público, diversas operaciones de riesgo a Llamas y a su grupo de empresas.
Faltan por citar el expresidente de la entidad Santos Llamas y el diputado popular Martínez Maíllo Según las cifras aportadas por los denunciantes, Santos Llamas debería a día de hoy a la entidad financiera 60 millones de euros por estas operaciones de riesgo que salieron adelante con la «complicidad» de los miembros del Consejo de Adminsitración investigados en esta causa, que votaron a favor de estas decisiones «a costa de los intereses de la ciudadanía».
Los distintos recursos planteados por las defensas dejaron que se colaran unas elecciones de por medio que ‘aforaron’ a uno de los investigados, Fernando Martínez Maíllo, coordinador general del Partido Popular, que obtuvo en los comicios de 2015, y lo renovó en junio de 2016, el escaño de diputado nacional. Esto no hizo más que enreversar aún más el procedimiento, que durante años ha estado estancado. Hace sólo unas semanas la jueza de Instrucción 5 de los Juzgados de León zanjaba todas las cuestiones previas y ponía fecha a las declaraciones de 13 investigados. Este lunes 19 de febrero pasarán por el edificio de Sáenz de Miera ocho de los miembros del Consejo de Administración que votaron a favor de las operaciones ventajosas para Llamas, un día después lo harán los otros cinco. Faltan en la lista el propio Santos Llamas, que según entiende el letrado que representa a IU, Alberto López, será citado una vez que la jueza escuche las declaraciones de estos trece; y Martínez Maíllo, cuya citación compete por su aforamiento al Tribunal Supremo.
Lo que se trata de dilucidar es si se concedieron diversas operaciones de riesgo a Llamas y a sus empresas Los consejeros citados representan a distintas siglas, siendo sobre todo miembros designados por el PP y el PSOE. El lunes tendrán que sentarse ante la jueza Miguel Ángel Álvarez (UGT), Bernardo Fernández (UPL), Francisco Fernández (excalde de León por el PSOE), Artemio Domínguez (PP), Alfredo Fernández (CSICA), Alejandro Menéndez (PP) y Javier García-Prieto (PP). Mientras que el martes será el turno de los socialistas Marcos García, Zenón Jiménez-Ridruejo, María Begoña Núñez y Olga Palacio, y del secretario general de Asaja Castilla y León, José Antonio Turrado.
Estos fueron los consejeros que votaron a favor de todas las operaciones cuestionadas, en opinión del letrado de IU «por mantener su puesto en el Consejo votando todo a favor siempre sin cuestionarse nada». No espera además que respondan a sus preguntas, pero celebra que al menos ahora el proceso se haya desbloqueado y se sigan dando pasos.
Las consecuencias
El delito de administración desleal está regulado (tras la reforma de 2015) en el artículo 252 del Código Penal. No obstante, por el principio de irretroactividad de las leyes (siendo la anterior más favorable) quedarían sujetos, en el caso de apreciar los tribunales su culpabilidad, al antiguo artículo 295 de delitos societarios: «Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido».
Es preciso recordar finalmente que además de Izquierda Unida están personados también en la causa como acusación popular Izquierda Abierta y Ecologistas en Acción.