Ignacio Fernández 04 08 23

Desempleo y renta mínima

20/10/2015
 Actualizado a 17/09/2019
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Mientras algunos políticos bailan y otros ondean banderas, mientras crece el volumen de la propaganda y casi toda la ciudadanía aguarda de la convocatoria electoral un no se sabe qué, sugerimos desde aquí una mirada necesaria hacia las personas en especial dificultad y sobre uno de sus menguados alivios: la prestación por desempleo.

Frente a mensajes que exaltan la gloria de la recuperación, conviene recordar que esas prestaciones constituyen, junto a la sanidad, la educación, la atención a la dependencia y las pensiones, uno de los pilares básicos del Estado Social. Así mismo, que todos esos pilares se han resquebrajado a lo largo de los últimos años por obra y gracias de las circunstancias, pero también por acción de los gobiernos. Y que tal deriva no parece frenarse a tenor de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 elaborados por el actual Gobierno, donde se recoge una nueva reducción, esta vez casi del 22%, en la partida destinada a prestaciones por desempleo.

Por otro lado, ¿qué sabemos acerca de la evolución de sus beneficiarios en la provincia leonesa? Su número ha decrecido, sí, desde 2009 a 2015, pasando de 20.899 a 17.969, aunque cabe resaltar que tal disminución es más de derecho que de hecho, pues se produjo sobre todo al hilo de las importantes modificaciones introducidas por el Gobierno en julio de 2012 para limitar gravemente ese tipo de prestaciones. Sabemos también que en tasa de cobertura sobre paro registrado se ha pasado por las mismas razones del 73’8 al 53%; y que el descenso conforme a la EPA ha sido del 62’4 al 41’6%. Finalmente, conocemos que sólo algo menos de la mitad de los beneficiarios lo son por la vía contributiva, mientras que la mayoría lo son por la asistencial; y que la cuantía media de las prestaciones contributivas se ha desplomado también en el mismo periodo de los 831 a los 763 €.

Ése es, pues el panorama que nos anima a algunos a reclamar precisamente en estos momentos una renta mínima común y universal en todo el Estado.
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