También solicitan que se estudie por qué se les pretende expulsar dándole la llave a otro colectivo, en este caso la Asociación de Gitanos, para que sean ellos los que procedan al desalojo, aunque apuntan que, por el momento, no han recibido la orden judicial para que lo hagan. Sí reconoce Morales que se les informó de que tendrían que dejar el local porque no pudieron participar en el último reparto, ya que, dentro de la agrupación se produjo un problema interno con la anterior presidenta que ha coleado hasta el punto de dejar a la agrupación sin subvenciones y sin la ayuda del Banco de Alimentos del Sil. Por eso, anuncia Morales que también llevarán a Fiscalía el "acoso" que ha hecho a la asociación su anterior presidenta, Guadalupe Suárez, con la que también ha tenido litigios personales por agresión.
Los hechos se remontan a 2011, cuando la agrupación decidió relevar a Suárez, por irregularidades con las donaciones y con las subvenciones que recibía la agrupación. Pero en el Ayuntamiento no se reconoció el cambio y Suárez reapareció como presidenta legítima en 2019. Eso hizo que las subvenciones concedidas a la agrupación se revocaran, al entender que no tenía una directiva legalmente concebida, algo de lo que también acusa al técnico de Acción Social, Roberto Bello.
A partir de ahí, la asociación ha vivido con la espada del desalojo sobre la cabeza, incluso con la retirada de la luz en el local, algo de lo que acusan a las concejalas de Podemos. Morales considera que en el fondo hay una causa política, ya que Suárez milita en esa formación, sin tener en cuenta "que somos una obra social, humanitaria". Eso es lo que Morales pide que se ponga sobre la mesa y se revalúe la situación de la agrupación, que en la actualidad tiene 160 socios y mucha ayuda solidaria que se guarda en el local "si nos lo quitan desapareceremos", asegura.
Mientras, lamenta que Suárez haya creado una agrupación nueva que sí que cuenta con ayudas públicas y teme que, desde ella, pueda llegar a protagonizar las mismas irregularidades que en esta. Así las cosas, Asolabier llama a la sociedad berciana a movilizarse junto a ellos el 4 de junio a las 12:00 de la mañana en la Plaza Julio Lazúrtegui. Desde esa manifestación pedirán que se rectifique en la intención de desalojarles y que se revise su situación, explicó Morales.
La concejala defiende la actuación
Por su parte, la concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ponferrada, María Luisa Varela, niega las acusaciones vertidas por Morales y recuerda que son los técnicos municipales, “con la ley en la mano”, los que toman estas decisiones, cuando se adjudica “sin distinción de ningún tipo” el uso de los locales municipales que se ceden a las distintas asociaciones y colectivos sociales.Considera que son “ganas de enredar y confundir con unas acusaciones infundadas”. Señala Varela que“a esta asociación se le ha requerido en más de una ocasión, tanto en tiempo como en forma, la documentación pertinente”.
Precisamente, María Luisa Varela asegura que será este jueves, durante la Comisión informativa de Participación Ciudadana, cuando se informe al resto de grupos políticos municipales sobre la resolución informada de los técnicos del Consistorio.