Denuncian a Begar por la caída del tejado de los pisos del Brazal

Los propietarios de los pisos del barrio del Brazal de Camponaraya afectados por el hundimiento del tejado el pasado viernes han iniciado un proceso judicial a contrarreloj para pedir a la constructora que se haga cargo de los desperfectos cuando faltan pocos días para que venza la garantía de quince años establecida en el contrato. En concreto, este sábado, 6 de febrero, el edificio en el que viven 72 familias alcanza esa fecha límite desde la firma de fin de obra.

Se trata de una urbanización compuesta por tres edificios acometidos por la empresa Begar y subvencionados por el Plan de Vivienda Joven. Según informó este miércoles el alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, técnicos del Ayuntamiento se han desplazado en dos ocasiones al inmueble y han detectado «irregularidades» en la cubierta del tejado.

De hecho, este fallo estructural podría afectar a todos los edificios de la promoción, por lo que podrían verse perjudicadas más de 200 viviendas. De momento, las afectadas por la brecha de 70 metros cuadrados en el tejado son 18 familias que piden responsabilidades «de inmediato» a la promotora, la constructora o los técnicos que supervisaron la obra.

Morán avanzó que esta misma semana el equipo de gobierno se reunirá con representantes de la comunidad de vecinos a falta de conocer los informes técnicos definitivos «para buscar la mejor solución al problema».

Por su lado, el portavoz del grupo municipal popular, Javier Folgueral, aseguró este miércoles que entre los años 2008 y 2011 el partido realizó un «estudio exhaustivo» de los edificios y considera que el derrumbe puede deberse a la «mala construcción» del tejado que, dijo, «solo tenia los tabiques longitudinales ajustados a la unión de las placas, pero carecía de los trasversales que son los que dan la rigidez a los longitudinales». «El tejado no colapsó entero ya que el desplome fue parado por las juntas de dilatación que separan en secciones el tejado», agregó.

Folgueral recordó que en 2011 ya informó a los propietarios de los inmuebles sobre las «deficiencias técnicas y administrativas», pero que estos no apoyaron en aquel momento iniciar un proceso judicial. El portavoz del PP en Camponaraya va más allá al culpar al equipo de gobierno de que «permitieron a la constructora, entre otras muchas cosas, estas irregularidades en los tejados con el fin de abaratar los costes de construcción a cambio de presuntos cobros de comisiones».