Finalmente, en 2014 hubo un cambio de normativa urbanística y el suelo en el que se asienta la vivienda pasó de rústico a urbano «empecé los trámites para su legalización, pero no estaba en mis planes que tuviera que pagar un peaje a algunas personas relacionadas con el Ayuntamiento de Congosto», dice Balboa. Y, es que, fue entonces cuando, vía telefónica, comenzaron a demandarle una serie de pagos «sumaban 100.000 euros y todo tenía que ser en B» a lo que no solo se negó, sino que decidió grabar las conversaciones con el abogado del, en aquel momento, regidor del municipio, José Antonio Velasco,Carlos Hilario Soto y finalmente con él mismo.
Dichas conversaciones fueron recogidas como prueba por la Fiscalía a la que solicitó ayuda ante un caso que podría incurrir en delitos de prevaricación y cohecho. En las diligencias previas 402/2017 dirigidas al Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1 de Ponferrada se relata que el letrado de Velasco «exige un pago en todo caso indebido (Gastos del Ayuntamiento en el expediente de inejecución de sentencia) con la amenaza/intimidaciónde que en caso de no pagar él le dice al Ayuntamiento de Congosto que la sentencia se ejecute en sus propios términos(Derribo de la vivienda). Ante la petición de factura del pago por parte de Doña Rosa Ana se niega dicha posibilidad al ser un pago ilegal y se admite claramente que es dinero B (de Bárcenas). Ante la pregunta de Doña Rosa Ana de qué hacer la respuesta es categórica: pagar y da hasta fecha y hora. Por el tono de la conversación,la cadencia y la forma de decirlo es evidente que no es una broma ni una mala interpretación de Doña Rosa Ana, estamos ante una mordida en toda regla, que en nuestro derecho se tipifica como un delito de extorsión cumpliendo con todos los elementos del tipo penal».
En la conversación con el regidor, este aclara que la licencia no se dará sin la provisión de fondos solicitada por el abogado «no deja de sorprender al Ministerio Fiscal el hecho de que por parte de Carlos Hilario Soto se afirma que no es posible la legalización de la vivienda de Doña Rosa Ana Balboa cuando él mismo afirma hasta la saciedad en las grabaciones que dicha legalización es posible, siempre y cuando le pague a él una determinada cantidad de dinero. Dicha actitud no es razonable jurídicamente, la vivienda o es legalizable o no es legalizable, lo que no puede ser en modo alguno es que la legalización dependa de la persona que tramite el expediente. Lo que no deja de ser un indicio más en la actitud interesada del Ayuntamiento de Congosto el documento enviado al juzgado por Fiscalía.
Balboa asegura que el procedimiento judicial sigue adelante pero también lo hace la intención de derrumbe que podría ejecutarse el 7 de mayo «me he enterado por el juzgado, porque el ayuntamiento ni siquiera me ha notificado», dice la propietaria, que anuncia que no permitirá que las máquinas entren en su parcela en estas condiciones «porque el caso está abierto y esto se ha acelerado de una manera injustificada», lamenta. En este tiempo ha conseguido contar con licencia provisional por acto presunto y la construcción «cumple la normativa urbanística vigente como indica el Proyecto de legalización presentado en el Ayuntamiento de Congosto y los informes de SAM, Ayuntamiento, Colegio de Arquitectos... Este tema también está en el Juzgado pendiente de resolver», por lo que considera que la decisión final de derrumbar su vivienda se debe a su negativa al pago irregular «que es un acto de corrupción en toda regla», denuncia, recordando que Velasco tuvo que dejar su cargo por una sentencia que le acusaba de un caso de prevaricación urbanística.