La finca, conocida como San Miguelín, tiene entre 37.000 y 39.000 metros cuadrados y los herederos consideran que el paso que el Ayuntamiento tiene que dar es expropiárselo al justiprecio que ha marcado el peritaje, porque no pueden seguir abonando los impuestos que conlleva ese bien y no se les permite hacer uso de él más que limitado a una única actividad «el valor catastral es de unos 2,1 millones y tras una valoración exhaustiva de nuestro perito, lo que pedimos son 3,7 millones» explica uno de los herederos afectado, Fernando Álvarez.
Los cuatro hermanos herederos de la parcela han visto incrementarse el abono que tienen que realizar a Hacienda este año por diezLa respuesta del Ayuntamiento ha sido «lavarse las manos» e indicarles que debe ser la Universidad de León, en tal caso, la que proceda a la expropiación, algo que «nos ha dejado perplejos, porque llevamos luchando por ello tres años y nunca se nos había dicho eso. Además, en tal caso la reclamación debería ir dirigida a la Consejería de Educación». Lamenta Álvarez que los impuestos se abonen al Ayuntamiento sobre ese terreno pero este ahora no se haga cargo de él, por lo que han iniciado la demanda judicial. «Sabemos que el juzgado de León, donde la hemos presentado, ha pedido al Ayuntamiento de Ponferrada todo el expediente y la documentación y estamos pendientes a que se pronuncie», explica.
El cobro de IRPF disparado
El Consistorio reclamaba plusvalías de 44.000 euros a cada uno de los hermanos por esa herencia, lo que sumaba 176.000 euros, además de un coste del IBI que alcanza anualmente los 17.000 euros y que ha ido engordando una deuda superior a los 200.000 euros. Pero además, en la última declaración de la renta, los hermanos han detectado que se multiplica por diez el abono que tienen que realizar. Investigando las causas de esa subida abismal, han detectado que se ha procedido a la recalificación del terreno heredado de nuevo sin darles cuenta de ello «ahora es de uso industrial», explicaÁlvarez, «porque tiene una construcción de 33 metros cuadrados, derruida» que se considera que podría ser destinado a ese uso. Ponferrada, Priaranza y Cabañas Raras, sin datos históricos del catastro
Fernando Álvarez Marqués, uno de los cuatro hermanos herederos de la polémica parcela, al darse cuenta de que la finca había sido recalificada de nuevo, con el consiguiente incremento de impuestos, por considerarla industrial, solicitó el informe histórico de la finca en las oficinas del catastro sitas en León «para demostrar que la caseta derruida que hay en la propiedad es de aperos». Allí descubrió que «no existen fichas catastrales históricas de tres ayuntamientos bercianos: Ponferrada, Priaranza y Cabañas Raras», que deberían estar en la Gerencia del Catastro o haberse pasado al Archivo Histórico de León.
La irregularidad hace que la familia no tenga acceso a esos documentos y que desconozca dónde se encuentran «solo tenemos unos dibujos hechos a mano…se ve una línea de puntos que es la caseta, pero no hay una descripción de la finca».
Lamentan esta «desaparición» de documentos, dicen, que han descubierto que se produce en otros dos ayuntamientos más del Bierzo, Priaranza y Cabañas Raras «porque es una documentación histórica del municipio que ha desaparecido».
La familia solo consiguió un certificado de la directora del Archivo Histórico Provincial de León, Eva Merino, certificando que se han examinado las características de esa zona, de la que solo aparece una foto con la «calificación en letra» de improductivo y de viña. Es la documentación con la que esperan que Hacienda revoque los pagos a los que les ha sometido este año en función de la nueva reasignación de terrenos.