Del "lleno, por favor" al "sírvase usted mismo, gracias"

La patronal y los sindicatos se han reunido en la sede de la Federación de Empresarios Leoneses (Fele) para estudiar las medidas a adoptar para exigir a la Administración Autonómica medidas dirigidas a eliminar los puntos de repostaje en régimen desatendido, estaciones sin personal con medios de pago telemáticos y autoservicio del consumidor. En la provincia de León existen unas 16 instalaciones de estas características del total de 130 puntos de suministro habilitados para el público, según explica Carmen Sáenz de Miera, presidenta de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicios.

Según la presidenta estas prácticas "vulneran los derechos de los consumidores" porque no ponen hojas de reclamación a disposición del usuario, el público no está formado para el suministro, no existe la posibilidad de aplicar el Plan de Emergencias, no existen mecanismos para comprobar la calidad del combustible y las cantidades solicitadas, además del agravio que supone el autoservicio para las personas con movilidad reducida. Saénz de Miera alertan también de que la proliferación de estos negocios causan muchos despidos.

En España se han producido siniestros por el uso de productos químicos, como el que ocurrió en Rubí (Barcelona) con la explosión de un depósito en una empresa sin riesgos personales. En este sentido, Juan Pedro Martínez Bastida, responsable del sector energético de UGT, alerta de que a lo largo del pasado año y en lo que va de este se han producido 450 despidos en España como consecuencia directa de estas prácticas. Del mismo modo, Rafael Pizarro, presidente de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) denuncia que estas prácticas "atentan contra el empleo estable" porque "un empresario se autoemplea o genera empleo, pero esto lo destruye". 

Tanto la patronal como los representantes de los trabajadores alertan también de los riesgos que suponen  las gasolineras desatendidas. Saénz de Miera alerta de que no existen garantías de cumplimiento de las Medidas de Seguridad Industrial, no hay nadie que garantice que no se utilice el teléfono móvil, se fume o se vierta el combustible en recipientes no homologados, además de la imposibilidad de identificar a los usuarios, que pueden eludir la videovigilancia cubriéndose el rostro, como pone de manifiesto Gonzalo Díez Piñela, secretario general de industria de CCOO de Castilla y León.

Por todo ello exigen a la Junta de Castilla y León que regule para eliminar este tipo de prácticas, como ya hecho las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla La Mancha o Aragón. "Porque perdemos todos y ganan cuatro", protesta Pizarro, que considera que "vender carburante, no es lo mismo que vender caramelos".