Del despacho al terreno

Modificar los espacios territoriales que deberán reunir una serie de criterios, y que constituirían la referencia espacial y el parámetro básico para efectuar la ordenación territorial en la que deberían converger progresivamente los servicios públicos prestados por la administración autonómica, así como la constitución efectiva de las mancomunidades de interés general, tanto urbanas como rurales, fruto de la asociación voluntaria de municipios para la gestión común de servicios y obras de interés local, son objetivos de la flexibilización de la ordenación territorial que ahora plantea la Junta de Castilla y León. Se trata de una iniciativa que sobre el papel puede resultar interesante, en tanto en cuanto servirá para que los pequeños ayuntamientos ahorren costes por prestar servicios que de otro modo les resultarían completamente inasumibles, pero se enfrenta al problema de siempre en todo lo que tiene que ver con la ordenación del territorio: lo que parece desde un despacho, dibujando sobre un mapa, poco tiene que ver con la realidad que hay en nuestro medio rural, cada vez más parecido a un desierto en el que todas las acciones que se pretendan llevar a cabo no pueden esperar. Por eso, en la ronda que estos días hace el vicepresidente de la Junta, falta recorrido por el medio rural y sobran las capitales de provincia.