Dejación

Dos mandos de la policía autonómica catalana, uno de ellos sargento, deberán prestar declaración en sede judicial ante la denuncia penal planteada por un agente. El motivo que este aduce es una persecución, sustanciada en relegarlo a una labor secundaria durante unos meses al haber escrito una denuncia en español y negarse, por considerar un derecho constitucional del denunciado el uso de la lengua común, a volverla a redactar en catalán.

De continuo, desde diversas administraciones, se observa en Cataluña un intento de marginar, o pasar a un plano secundario (lo que supone también hacerlo con sus hablantes) la lengua que debería convivir sin cortapisas con el catalán y sus dialectos, o bien con otras lenguas peninsulares. Aunque no solo en Cataluña (otra tropelía estos días parece querer consentirse en Vascongadas), de forma más acusada los diversos responsables del gobierno de esa región vienen haciendo un uso espurio de la gobernanza para inocular un sentimiento de aversión a lo que llaman Estado; y algunos Castilla, con una connotación antigua (trufada de ignorancia) que no encuentra reflejo en el presente.

Mencionar español, como denominación del idioma, o lo español, sustantivado, no está bien visto en diversas esferas políticas, igualmente en toda suerte de locutores, redactores, tertulianos, incluso algún académico. Prefieren, para adornarse de un halo modernillo, valerse del término castellano, cuando las Academias de España, América y Filipinas, aconsejan denominar como español la lengua patrimonio de más de 400 millones de hablantes; y reservar la asignación primera para cuando sea preciso indicar su relación con otras lenguas cooficiales o aludir a la lengua ‘histórica’.

De unos gobernantes que han osado aprobar en el Parlamento la supresión de las palabras españolas para la designación de varias provincias, Orense, La Coruña, Lérida… y que, incluso, fuera de otros territorios con lengua cooficial, han rotulado las señales de tráfico con semejante directriz (como corderillos también los periódicos, etc.) se pueden esperar continuos dislates (revísense los manuales para la administración con el «os / as», resulta de tan estúpido antológico). De hecho, devaneos tales no cesan en lo relativo al uso y abuso del español, aunque su narración merecería otros artículos.

¡Qué curioso!: mientras los gobernantes que hemos tenido en las últimas décadas en España han cometido desafueros simpar con el bien más preciado, e internacional que tenemos, nuestra preciosa lengua; al tiempo que tales representantes han renunciado a defenderla con la Constitución en la mano, no recurriendo leyes que la expulsaban de la enseñanza, ¡qué sangrante!, un simple agente les da, nos da, una lección de coraje y dignidad: defiende, pese a su vulnerabilidad, lo que otros, por su cargo y soldada, deberían proteger, incluida su digna persona.

La dejación en España por parte de los gobernantes nacionales respecto a las cuestiones esenciales que son fundamento de una nación es la raíz de nuestros males. Esta raíz ha venido nutriéndose de cesiones y transferencias en indebidas condiciones; y no solo han deparado consecuencias negativas para el idioma, sino en lo relativo a la igualdad de los españoles: en los tributos, en la sanidad, en la educación, en la percepción de retribuciones por desempleo, en la posibilidad de concurrencia a cometidos públicos, etc. Quizás analizar esta ya histórica dejación podía ser un primer paso para llenar de contenido, al menos algún capítulo, de lo que denominan, ajenos a Joaquín Costa, «regeneración de España».