De Montgat a León, así creció la ‘enredadera’

Las raíces de la operación enredadera se hunden en Montgat (Barcelona), donde una denuncia interpuesta el 12 de mayo de 2016 desencadenó una investigación que ha llegado hasta León trepando por una trama corrupta de amaño de contratos. En la denuncia se informaba de la paralización de sanciones de tráfico, los nombramientos ilegales de funcionarios, las adjudicaciones contrarias a la normativa, la manipulación de dispositivos de la Policía o la falsificación de firmas, entre otros.

Dos meses más tarde, en el registro de dependencias municipales, policiales y en la mercantil Platges de Montgat SL se encontraba diversa documentación "cuyo análisis permitía inferir la existencia de importantes irregularidades, pues revelaba que varias de las denuncias no llegaban a ser tramitadas, de un modo deliberado, sin causa legal que lo justificara".

Dos meses y medio más tarde, en septiembre de 2016, fruto del “eco mediático” de los registros, un trabajador de Aplicacines Gespol SL acudió a la Policía para destapar la actividad delictiva de la empresa de los hermanos José Alberto y Jesús Carlos Bueno Regodón, que "habría logrado en 2012 la adjudicación, a todas luces irregular, por parte del Ayuntamiento de Montgat de un contrato de prestación de servicios para la instalación, mantenimiento y gestión de un radar así como de otros dispositivos de control del tráfico". Entre otros, se denunciaba la finalidad puramente recaudatoria del contrato. Además, la denuncia se hacía extensiva a otros municipios y estaba sustentada por documentación entregada por el testigo.

Los hallazgos de los investigadores en las escuchas mantenidas durante meses apuntaban a "una constelación de delitos, principalmente contra la Administración Pública" El Grupo de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía verificó las informaciones y comenzó a tirar del hilo. En noviembre de 2016 se acordaba la interceptación de las telecomunicaciones de los hermanos Bueno Regodón. Y desde ahí saltó la investigación a León.

Fruto de los indicios resultantes de las conversaciones interceptadas entre los hermanos Bueno Regodón entre sí, así como entre ellos y terceras personas, el Juzgado de Instrucción nº2 de Badalona autorizó en febrero del año pasado la interceptación de las comunicaciones del trabajador de Gespol SL Roberto Legazpi, del empresario Ángel Luis García, alías‘El Patatero’, y Miguel Hernán Manovel, persona de toda confianza de José Luis Ulibarri. Un mes más tarde, en marzo, se intervenía las conversaciones del propio Ulibarri y al mes siguiente, en abril, las de Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación, y Joaquín Llamas, alcalde de Villarejo de Órbigo. En los meses sucesivos la lista de telecomunicaciones intervenidas se fue ampliando progresivamente.

Los hallazgos de los investigadores en las escuchas mantenidas durante meses apuntaban a "una constelación de delitos, principalmente contra la Administración Pública", según los informes de la Fiscalía que obran en el sumario. Por ello, el pasado 28 de junio, el fiscal interesaba al juzgado los registros y detenciones practicados apenas cinco días más tarde, que han llevado a la cárcel a Ángel Luis García y José Luis Ulibarri.