En estos momentos no se prevé la entrega de ayudas destinadas al cierre; partidas que son imprescindibles para cumplir un plan de desmantelamiento con una duración prevista de 36 meses, prorrogable otros 18 por cuestiones medioambientales o de seguridad, y que precisaría de más de un centenar de personas para llevarlo a cabo, con un coste que superará ampliamente los 20 millones.
Si no se logra dinero para acometerlo, no se podrían 'salvar' buena parte de los 250 empleos que se van a perder con el cierre definitivo de la mina. Dado que el Gobierno está en funciones y no habrá uno nuevo próximamente, los trabajadores reclaman al Ejecutivo autonómico que presione para que el central apruebe por vía urgente en el Consejo de Ministros estas partidas para llevar a cabo el desmantelamiento, como hizo ya con minas asturianas, tanto públicas como privadas, para las que se dieron soluciones rápidas durante su proceso de clausura.
