Covid-19: Una primera reflexión, por Tomás Quintana López

Nadie contaba con que bien entrado el siglo XXI, en pocas semanas, la humanidad se iba a sentir sacudida por un virus letal, y ello pese a que ya en este siglo hemos sufrido al menos cinco brotes pandémicos más, aunque de mucha menor envergadura que el provocado por la Covid-19; pese a lo cual, haciendo oídos sordos a los malos augurios con que ya contábamos, seguimos confiando en la falsa idea de que las pestes eran de otros tiempos y que, en todo caso, de producirse en la actualidad afectarían solo a los países subdesarrollados. Esta errónea seguridad ha contribuido a que la pandemia, al margen de decisiones coyunturales más o menos equivocadas o tardías en que hayan podido incurrir los poderes públicos, podríamos decir que nos ha pillado desprevenidos, lo que ha contribuido a que en un periodo de tiempo que se cuenta por semanas, se haya producido –expresándolo suavemente– una muy severa afectación de los derechos de los españoles en que se basan tres de los pilares fundamentales del Estado Social: La sanidad, los servicios sociosanitarios y la educación. Afectación que, con toda seguridad, va a alcanzar en los próximos meses y quién sabe si años, todavía sin poder determinar hasta qué extremos, al ejercicio de otros derechos de las personas y principios basilares de contenido socioeconómico que la Constitución sitúa como soporte de nuestro modelo de convivencia, como son el derecho al trabajo y, como derivación de la eventual quiebra de este, por experiencia de la anterior crisis financiara, sabemos que también puede verse afectado el derecho a una vivienda digna y adecuada, entre otros.

Pero centrándome en lo acontecido hasta ahora, según la percepción que he podido tener en la realización de mis funciones como Procurador del Común de Castilla y León, tanto a través de las quejas que hemos recibido de los ciudadanos de la Comunidad, como de las actuaciones de oficio que hemos promovido desde el inicio de la situación de emergencia sanitaria causada por el coronavirus, ha sido la prestación de los servicios anteriormente considerados los más directamente concernidos, al menos hasta el momento.

En efecto, el derecho a la protección de la salud de los ciudadanos se ha visto gravemente afectado por el colapso sufrido por el sistema sanitario, seguramente por la carencia de medios humanos y materiales para prestar la atención requerida por decenas de miles de personas que la necesitaban; un colapso que en parte se explica por la carencia, en particular, de equipos de protección para el personal sanitario, lo que puede haber contribuido de forma determinante a que se haya producido un contagio masivo de sus efectivos y, con ello, una gran merma de las posibilidades de combatir sobre el terreno la pandemia. Los efectos son de todos conocidos y, por desgracia, sufridos por muchos en sus personas o en las de sus familiares o allegados y amigos.

Pues bien, una vez que, con mucho dolor, hemos comprobado que las epidemias globales no son cosa del pasado y desmentida la engañosa creencia de que, a lo sumo, solamente afectan a países subdesarrollados, los poderes públicos han de asumir que la salud pública forma parte muy destacada del derecho a la protección de la salud; y en esa consideración se ha de incluir que el país cuente con capacidad de producción propia de equipos de prevención de contagios y de medios auxiliares para la protección de la salud de los ciudadanos en el caso de que se vuelvan a producir infecciones masivas, sin que la dependencia del exterior nos vuelva a poner ante la urgente necesidad de adquirir de forma atropellada material sanitario.

Otro doloroso capítulo, todavía inconcluso, que nos está dejando escrito la pandemia, tiene como protagonistas, a su pesar, a las personas mayores, en cuanto principales receptoras de los servicios sociosanitarios, particularmente las que viven o vivían en residencias, pues muchas de ellas, lamentablemente, han fallecido, dado que el de nuestros mayores está sufriendo como ningún otro colectivo los efectos de la infección causada por el virus. A la vista de lo que vamos conociendo que ha ocurrido, particularmente a los que ocupan plaza en residencias de la tercera edad, sin ninguna reserva, creo que todos y, en particular, los poderes públicos, tenemos que entonar el mea culpa y reconocer que no les estamos tratando como se merecen, sobre todo cuando llegan a los últimos años que están entre nosotros que es, precisamente, cuando se hallan más necesitados. Por ello, con la máxima urgencia tenemos que plantearnos, como una prioridad inexcusable, la reordenación en profundidad de las residencias que ocupan buena parte de nuestros mayores; personas especialmente vulnerables, cuyas condiciones de vida tristemente ha sacado a la luz la terrible pandemia que estamos sufriendo para vergüenza de una sociedad –de la que todos formamos parte– seguramente hedonista en exceso.

Por último, el derecho a la educación también se ha visto notablemente afectado por la situación de confinamiento que se decretó mediante la declaración de estado de alarma, en la medida en que ha supuesto la clausura de los centros docentes en todos los niveles educativos, confiando el aprendizaje de los estudiantes a la formación on line; una formación que adolece de numerosas carencias, y creo que no son las menores la ausencia del adiestramiento necesario por parte de muchos profesores, pero sobre todo la falta de disposición de medios por los propios alumnos, bien porque carecen de los equipos informáticos necesarios en sus domicilios en los que están pasando el confinamiento, o bien porque, sobre todo aquellos que residen en el medio rural, no tienen acceso a una conexión a internet de calidad. La necesidad de que nuestros estudiantes hayan tenido que continuar su formación on line una vez decretado el estado de alarma ha puesto de manifiesto algunos efectos, otros más, de la llamada brecha digital, por lo que bueno sería que las dificultades que se han evidenciado para la impartición y seguimiento de la enseñanza a distancia, fuera el último aldabonazo que tuviera que llamar la atención, de una vez por todas, sobre la necesidad de ir cerrando esa brecha en sus múltiples manifestaciones.

En la idea de que solo estamos al comienzo de un camino largo y lleno de dificultades, cuando todavía estamos despidiendo a los que nos van dejando día a día y dando las condolencias a sus familiares, quiero expresar mi deseo de que haya el necesario, imprescindible, entendimiento entre quienes han asumido el compromiso de gestionar los asuntos que conciernen a toda la ciudadanía para encontrar las mejores soluciones. Esta es su responsabilidad y de los ciudadanos es el derecho a exigírselo.