Convocada la huelga de recogida de basura en León para estas navidades

El comité de empresa de UTE Legio VII, empresa integrada por FCC y Urbaser, y responsable de la recogida de residuos en la provincia de León ha registrado ya su convocatoria de huelga para estas navidades; esto es desde las 7:00 horas del 21 de diciembre de este año hasta el día 7 de enero de 2023. Además, apuntan a que el paro puede adquirir carácter indefinido a partir de esa fecha "si así lo deciden los trabajadores, hasta la resolución del conflicto". 

El presidente del comité de UTE Legio VII, Fernando Abella, ha presentado este miércoles la convocatoria de huelga en las oficinas de registro de la Diputación de León. Lo hace debido a la "situación de no acuerdo al término del Serla", que se celebró también este miércoles, y "ante la imposibilidad de resolver de modo paccionado este conflicto", destacan en el escrito presentado en el registro. Un conflicto cuya finalidad es que "se firme el convenio colectivo y se aplique la revisión salarial pactada, con el cumplimiento del acuerdo del 8 de abril de 2022, el preacuerdo del pasado mes de septiembre, así como las avenencias de los Serlas de 2019", indican desde UTE Legio VII.

Los trabajadores de la UTE han exigido que su sueldo sea el mismo que el del resto de trabajadores de la administración pública, lo que supondría una inversión de 700.000 euros. No obstante, las negociaciones ya están rotas dado que los responsables de la UTE se niegan a sentarse con el presidente de la Diputación de León, según informaba este miércoles este periódico. Según Gersul, se ha dado luz verde a la autorización de un gasto de 2,2 millones (2,4 millones con IVA) para asumir el efecto que el incremento de los salarios de los trabajadores de la UTE Legio VII tiene en el canon de explotación. De este modo, Gersul cumple con el compromiso adquirido con la empresa y los trabajadores, partes a las que corresponde ahora firmar el nuevo convenio. Diputación sostiene que ambas cantidades arrojan un resultado de 3,8 millones que el consorcio provincial abonará a la unión temporal de empresas, y la diferencia, de 1,4 millones respecto a los 5,8 que solicita la empresa, “trasciende de lo contemplado en el contrato”.