Control del lobo

El Boletín Oficial de Castilla y León del pasado miércoles publicaba la resolución de la administración competente estableciendo los cupos de lobos que se pueden abatir en la provincia de León, como especie cinegética que es, en los próximos tres años. La cifra de cincuenta y un lobos cada año, repartidos en las distintas comarcas agrícolas, es una cifra igual a la de los tres años anteriores, y similar si se toman otras referencias anteriores. Lo primero que hay que decir es que este cupo se establece sobre todo justificándolo en el incremento de los censos por encima de la cifra que podría considerarse sostenible, y consecuencia de ello como medida para evitar daños en las cabañas ganaderas y en el ecosistema en general. La práctica de la caza, que por otra parte genera recursos económicos que en el caso de Castilla y León benefician a las entidades locales y por ello a todos los vecinos, es la forma más eficaz y menos costosa de controlar las poblaciones, en comparación con los resultados que se obtendrían si las abatidas hubiera que hacerlas con la guardería forestal. El cupo que ha fijado la Junta de Castilla y León para nuestra provincia no es del agrado de los ganaderos, por ser insuficiente, pero aún así, el problema no radica en que se fija un número bajo, radica en que una parte muy importante de ese cupo no se va a llevar a cabo como viene ocurriendo año tras años. La política de gestión de lobo desde los cotos de caza es una engañifa para los ganaderos, algo similar a cuando una administración publicita un bonito presupuesto para la ejecución de una obra y después no se lleva a cabo y se reconvierte la partida presupuestaria. Por todo ello, la Junta sigue sin dar una solución a los ganaderos que ven cómo el lobo abate sus animales domésticos ocasionando unas enormes pérdidas que nadie compensa, ni la propia administración ni el titular del coto. Y siendo responsables y admitiendo a la especie dentro de nuestros montes, nos oponemos a que ocupe territorios en los que nunca estuvo, y a incrementos desmedidos de los censos.