08/05/2018
 Actualizado a 19/09/2019
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Desde que el pasado 27 de abril se diera a conocer la sentencia del ‘caso de La Manada’,hemos vivido unas semanas llenas de manifestaciones, protestas, críticas en redes sociales y airadas opiniones en pro de la verdadera justicia. Ciertamente, no es de extrañar. La alarma social que ya se había desencadenado cuando el caso se dio a conocer en los medios de comunicación, hacía presagiar que el nivel de intolerancia de la sociedad hacia los delitos contra la libertad sexual, no se mantendría impasible fuera cual fuese el fallo de la sentencia.

Una opinión forjada no sólo a golpe de titular de prensa, sino también a partir de la propia conciencia humana, nos permite calificar a los integrantes de ‘La Manada’ como unos miserables que merecen todo nuestro desprecio por el atropello al derecho a la libertad sexual de la joven que se vio envuelta en semejante ‘rebaño’.Pero, ¿por ello cabe opinar libremente y lanzar calificativos del mismo calibre hacia los Magistrados que han intervenido en este caso?

Ciertamente el derecho a crítica y libertad de opinión hacia las resoluciones judiciales hace que surjan todo tipo de opiniones, de hecho, así lo estamos viviendo. No vamos a negar por tanto, que cada cual pueda opinar libremente sobre la sentencia de La Manada, más aún, en un caso tan mediático como éste,que parece haber desterrado de tertulias, corros y estrados el famoso master de Cifuentes. Pero no puede obviarse que los juicios de valor que se están haciendo sobre el pronunciamiento judicial, muchas veces, vienen apoyados en la información sesgada, parcial o ideológica que albergan los medios, redes sociales, partidos políticos, asociaciones... Con ello, no queremos decir que las únicas opiniones válidas sean las que vienen de todo aquel que ha leído la sentencia o,como más de uno ha sostenido, de quien tiene conocimientos jurídicos, sino que la sociedad ha de ser consciente, más allá de la propia información que le llega a golpe de titular, de que la sentencia, pese a quien le pese, viene respaldada en toda la información del caso y, que ha sido dictada tras escuchar y analizar las tesis y pruebas aportadas por todas las partes. Sólo los Magistrados que están siendo objeto de un verdadero linchamiento mediático han tenido todas las evidencias del caso y, partiendo de ello, tras el paraguas de la cadena de recursos que seguirán a la sentencia, podrá concretarse si efectivamente ha existido un error en la imputación del tipo y aplicación de la condena por la Audiencia Provincial de Navarra, tal y como enarbolala ‘manada social’. Aunque, no nos engañemos señores, una sentencia no es más justa o injusta por el clamor popular que pueda generarse en torno a ella. Una resolución judicial sólo puede tacharse de injusta, si su técnica jurídica es errónea, incompleta, inexacta, carece de toda lógica o, si al aplicar la ley se mancillan principios o valores asentados socialmente, en cuyo caso, ¿qué crítica merecen los jueces que aplican la ley?; ¿acaso no sería más justo lanzar esas críticas que asedian hoy al sistema judicial al propio legislador que ha legislado sin captar esos valores, o que, aun captándolos, nunca se había cuestionado su técnica legislativa por inexistencia de relevancia mediática de los casos en los que la ley se venía aplicando?

Sin duda, la respuesta va más allá de votos en redes sociales, tertulias mañaneras y corrillos de bar y daría para un análisis jurídico social en profundidad, que tampoco pretendemos en estas líneas. Sin embargo, merece la pena pararse a reflexionar qué justicia queremos y si realmente es justo tratar de buscar justicia a golpe de manifestación y de estampida mediático-social contra quienes, con inmediación de todas las pruebas, han dictado sentencia aplicando la ley existente. Ley que será oportuno modificar o no, entrando a valorar si es el momento o no adecuado para ello, pero que, nos guste o no, no permite su reinvención dentro de un proceso judicial en función de la alarma social que haya motivado el caso; o es que, ¿acaso les gustaría ser juzgados conforme a leyes que se vayan reescribiendo en los tribunales según el eco mediático y social del caso? No sé ustedes, pero no somos pocos los que aún confiamos en el sistema judicial, llámenos incrédulos, pues, pese a sus carencias, deficiencias y críticas, –nada está exento de ellas y, a las prueba nos remitimos...–, nos ofrece mayor seguridad y garantía que todo un pueblo clamando «verso pollice vulgus cum iubet».

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