Como vacas sin cencerro

La deriva populista que irresponsablemente ha tomado las políticas de saneamiento ganadero de «este modelo de éxito» de Comunidad Autónoma amenaza con no cesar, es más, tiene visos de seguir azuzando un fuego muy peligroso que pone en peligro el sector ganadero de nuestra tierra, importantísimo motor económico de la misma, y la defensa de la salud pública. Hace un año el Consejero del ramo afirmaba que la tuberculosis no es un problema de salud pública, cabría preguntarle sobre la disyuntiva que suena frecuentemente en el Congreso de los Diputados, ¿Incompetencia o mala fe?, ambas imperdonables en alguien que ostenta un cargo cuyas decisiones influyen de manera tan determinante en nuestras vidas y en nuestra salud. La búsqueda de votos en el medio rural aquejado de muchos problemas de diferente índole a costa de poner en peligro la salud de todos y sin medir las consecuencias ha llevado a la Consejería de Agricultura y Ganadería a aprobar una resolución que «flexibiliza» los controles sanitarios de las explotaciones de ganado vacuno incumpliendo el marco reglamentario básico establecido por la normativa comunitaria y el Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina. Las posibles repercusiones de la implementación de algunas de las medidas contempladas en la resolución podrían ocasionar no solo un empeoramiento de las condiciones sanitarias en las explotaciones de ganado vacuno en Castilla y León, sino también comprometer la situación sanitaria en otras regiones de España y representar una amenaza para otros países miembros de la Unión Europea. Esto se traduciría en pérdidas económicas para toda la industria ganadera de vacuno, que por ejemplo para la provincia de Salamanca alcanzan los 5 millones de euros al mes.

Además, al tratarse de una zoonosis, es decir, una enfermedad que se puede transmitir a las personas, es necesario añadir a los riesgos asociados a la disminución de la sanidad animal, los correspondientes a la salud pública humana. Debido a la ausencia de una respuesta por parte de las autoridades de la Junta y con el propósito de salvaguardar la salud del ganado en España, el Ministerio, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, tomó medidas de emergencia que restringían los desplazamientos de animales fuera de Castilla y León. Estas medidas permanecerán vigentes hasta que se restablezca el cumplimiento de la ley y se elimine el riesgo sanitario creado. En un callejón sin salida La Junta acordó dejar sin efecto la orden de saneamiento para posibilitar mover el ganado con un mensaje ambiguo que genera incertidumbre sobre el futuro de estas políticas en Castilla y León, incapaces de ejecutar lo prometido al sector primario y «como vacas sin cencerro». Pero el daño está hecho y la insensata imprudencia de quienes pretenden sacar rédito político de la crispación, el conflicto y el enfrentamiento ya ha tenido consecuencias graves como los incidentes ocurridos este lunes cuando algunos ganaderos asaltaron la delegación territorial de la Junta en Salamanca. Es la Junta de Castilla y León la que debe garantizar la seguridad de sus funcionarios, servidores públicos que han sido señalados públicamente por cumplir con su trabajo, velar por la sanidad animal y garantizar la salud pública.

Es su obligación como administración competente reconducir esta situación y no mirar hacia otro lado cuando el negacionismo científico de sus socios de ultraderecha pretende tirar por tierra la convivencia pacífica de muchos años entre las necesidades de nuestros ganaderos y el trabajo de los veterinarios y veterinarias de esta comunidad autónoma, garantes de nuestra salud y necesarios para que nuestro sector cárnico siga siendo un referente.
María Rodríguez es doctora en Veterinaria por la Universidad de León (ULE)