Colegios especiales: No son éstos, tiempos para mudanza

«La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha acusado al PP de propagar la noticia falsa o bulo del cierre de colegios de educación especial y les ha recordado que el artículo por el que ahora protestan es una «réplica literal» de otro de la LOMCE». Por otra parte, padres y colegios de Educación Especial se quejan de que el Gobierno ha aprovechado el Estado de Alarma para tramitar la Ley de Educación que supondría el cierre de los colegios especiales. ¿Quién dice la verdad? Parece claro que uno de los dos no, pero yo creo que pueden ser «verdades a medias» y decir la verdad los dos. Trataré de aclararlo al final de este artículo. Empezaré recordando un poco de historia para ver si lo entendemos: El problema surgió hace un año con la aprobación del proyecto de ley orgánica para la reforma de la ley orgánica de educación, LOMLOE, que fija un plazo de 10 años para integrar a los alumnos con necesidades especiales en centros ordinarios dotados con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Como consecuencia de esto las familias de 37.000 alumnos con discapacidad matriculados en los 470 centros específicos de educación especial en España se lanzaron a la calle para protestar porque tienen miedo a que sus hijos sean incorporados al sistema educativo general. La movida fue espectacular, manifestaciones en todas las ciudades, se organizó la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También, que llevó 300.000 firmas al Gobierno para mostrar su desacuerdo y que tenía planeada una protesta masiva si no se modificaba ese aspecto de la Ley antes de su tramitación. Ahora estos padres se sienten engañados porque no se ha modificado nada y se ha empezado a tramitar la ley en plena pandemia cuando no pueden salir de casa para manifestarse.

¿Por qué tiene tanto interés la ministra en este tema, a pesar de meterse en un avispero? Porque tiene que acatar y cumplir con la normativa de la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España y que establece que los alumnos no pueden ser excluidos del sistema general de educación por motivos de discapacidad. Hay dos grandes corrientes de opinión en el tema: los que sostienen que el colegio especial es excluyente y segregador y atenta contra los derechos de los alumnos con discapacidad y los que defienden lo contrario porque los colegios ordinarios, al menos en el momento actual, no están preparados para ofrecer una enseñanza personalizada.

De los 217.275 alumnos españoles con discapacidad matriculados en el curso 2016-2017 en enseñanzas no universitarias, 181.530 estudiaban en centros ordinarios compartiendo clase con el alumnado general. Doy fe de que por nuestro instituto han pasado muchos alumnos con necesidades educativas especiales muy variadas y también puedo asegurar que ellos fueron los más mimados. Los otros 35.886 seguían en los 477 centros de educación especial. La propuesta ahora es traspasar, en 10 años, a todos los alumnos con discapacidad intelectual de los centros especializados a colegios ordinarios. Y la protesta de Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCCE) es que «el Gobierno está aprovechando el confinamiento para acabar con los centros de Educación Especial». Los padres de estos niños están muy disgustados, molestos y airados porque, a corto plazo, la normativa va llevar a sus hijos a la escuela ordinaria. A todos, independientemente de su grado de discapacidad. Sólo se librarían de ir a las aulas ordinarias los que requieran un gran apoyo médico, al menos a medio plazo. Por supuesto, los padres piensan que ojalá pudiera ser así. Sería maravilloso que sus hijos pudieran integrarse en centros ordinarios, pero son realistas y esto les suena a utopía y música celestial. Ellos saben lo que tienen en casa y que no se pueden meter todas las discapacidades en el mismo saco. Ellos, por otra parte, estaban tranquilos porque tenían la seguridad de que lograrían detener este disparate por tres razones de peso:porque son los padres, porque tienen razón y porque cuentan con el apoyo de la sociedad. Su idea era movilizarse para detener esta normativa, pero, al tramitar el cierre de los colegios especiales en periodo de confinamiento, se sienten frustrados.

Volvemos a la duda planteada al principio. ¿Quién dice la verdad, la ministra o los colegios de educación especial? Yo pienso que los dos. La noticia de que el Gobierno de España va cerrar los colegios de enseñanza especial es falsa ya que no va a cerrarlos sino a «vaciarlos», luego la ministra dice la verdad. También dicen la verdad los padres de estos alumnos que se verán obligados a matricular a sus hijos, sí o sí, en colegios ordinarios. En mi opinión los alumnos con discapacidad que ya están matriculados en un colegio especial podrán continuar hasta el final de su formación y no deberían estar preocupados por su plaza, pero están dando la cara y luchando por las próximas generaciones de personas con discapacidad. Ellos son conscientes de lo que les ha costado la educación de sus hijos. Pero lo que los padres de alumnos de educación especial no perdonan, porque lo consideran una aberración, es que el Gobierno, en plena cuarentena, comience a tramitar una normativa que obligue a sus hijos a estudiar en un colegio ordinario.Siguiendo el lema ignaciano: «En tiempo de desolación y alarma nunca hacer mudanza».