Ciudadanos pregunta en el Congreso por el retraso de las obras de integración del tren en León

El diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Justo Fernández González, ha registrado una pregunta ante la Cámara para solicitar respuesta por escrito sobre el retraso se las obras de integración del ferrocarril en León y San Andrés del Rabanedo.

Según ha expuesto el diputado, la integración del ferrocarril en la ciudad de León es “el mayor anhelo de la ciudad desde el punto de vista urbanístico”, dado que esta infraestructura divide la ciudad de León por su margen oeste sin interrupción de norte a sur, lo que la convierte en “ estratégica” también para el sector turístico.

Sin embargo, para Fernández, “el fondo de saco en el que se ha convertido la estación de León desde el inicio de las obras está siendo desde el punto de vista operativo un quebradero de cabeza y un coste de operación excesivo”.

El representante de la formación naranja ha recordado que la obra, que fue valorada en proyecto de ejecución en algo más de 50 millones de euros, contó con un proyecto redactado por una ingeniería especialista en ferrocarriles, soportado por innumerables estudios geotécnicos, hidrogeológicos, topográficos, de servicios afectados, de operación durante el periodo de obras y licitada en diciembre de 2015, fue adjudicada en abril de 2016, con un plazo de ejecución de 24 meses, “por menos de la mitad del presupuesto proyectado”.

No obstante, Justo Fernández ha lamentado que a la firma de contrato, la fecha de finalización de las obras debería haber sido el 30 de mayo de 2018, pero durante el periodo de ejecución de obras se han realizado diferentes aplazamientos, cuya justificación y coste no ha transcendido a la opinión pública.

De este modo, casi 14 meses después del límite contractual de plazo, “ni tan siquiera se ha iniciado la perforación del lado norte del tramo soterrado que cruza bajo la calle Doctor Fleming”, de manera que “en este escenario de retrasos permanentes y acumulados, se establece un nuevo plazo, que plantea la finalización de la obra para 2020, lo que significaría un retraso de cien por cien del pazo de contrato”, puntualizó.

“Si la economización de un contrato se basa fundamentalmente en las reducciones de plazo para limitar los gastos generales asociados a la obra, parece incongruente pensar en hacer una obra por la mitad de precio del proyectado, pero en el doble de tiempo”, trasladó.

Por todo ello, Fernández ha preguntado cuál es la fecha real de finalización de las obras, cuál es el coste total asociado a esta obra, si se han incluido en esa cifra todas las certificaciones emitidas por la empresa constructora, proyectos modificados sobre partes del proyecto original y proyectos complementarios al mismo, cuál es la penalización actual que se aplicará al contratista por los retrasos, si en el caso de que no hubiera penalización por ser responsabilidad de Adif los retrasos, qué mando sería el responsable, cuál es el programa temporal hasta finalización de los trabajos , cuál es la desviación de coste de obra sobre el presupuesto del contratista y en caso de que hubiera habido proyectos modificados sobre el proyecto original cuál ha sido la penalización al proyectista del mismo.