Citado por cuarta vez el principal sospechoso de matar a Rocío para conseguir una muestra de cabello

El próximo martes 16 de enero, el principal sospechoso del crimen de Rocío está citado nuevamente para la toma de una muestra de cabello con el que cotejar los pelos hallados en el estudio forense realizado por el doctor Frontela a petición de la familia de la joven asesinada. Tal y como se señala en la provindencia del Juzgado de Instrucción 3 de León, «visto el estado de los presentes autos y a la vista del informe de la clínica forense, se señala nuevamente para la práctica de la diligencia acordada por la Audiencia Provincial». Un cuarto intento en el que se espera, esta vez sí, que se pueda llevar a cabo la práctica de la prueba, pues hasta ahora el sospechoso ha eludido la misma, la última vez porque el cabello no daba la medida, por lo que fue instado judicialmente a no cortarse el pelo hasta la próxima fecha señalada, el 16 de enero.

Doce años después el crimen de Rocío sigue impune. Y doce años después, las principales sospechas recaen sobre el que, según su familia, era su novio cuando ésta desapareció y el presunto padre del hijo que estaría esperando. Desde un primer momento estuvo bajo el punto de mira de la investigación, pero a día de hoy no se han encontrado pruebas concluyentes para formular una acusación en su contra y no se ha celebrado juicio alguno.

Rocío Fernández Ameijeiras desapareció el 12 de mayo de 2005, su cuerpo fue hallado a principios del mes siguiente en una escombrera en Navatejera. Desde el mismo día de su desaparición su familia recibió mensajes de texto desde el móvil de Rocío, pero parece imposible que fuera ella quien los escribiera, pues debió ser asesinada aquel mismo 12 de mayo. El móvil de la joven no ha aparecido.

En esos mensajes le decía a sus padres que se había ido a Madrid, que ya tenía trabajo y que fueran a casa del supuesto padre de su hijo a pedirle perdón porque él no era el padre. Habría sido por el desconcierto que esos mensajes causaron a su familia y por la imposibilidad de hablar telefónicamente con ella que sus padres decidieron denunciar ante la Guardia Civil su desaparición, pero Rocío era mayor de edad y supuestamente se había marchado por voluntad propia, por lo que no podían traerla por la fuerza. Pocos días después una pareja que paseaba por los parajes de Navatejera halló un cadáver, era el de Rocío.

La investigación se centró en dos jóvenes como posibles autores, el padre del hijo que Rocío estaba esperando, según ella misma habría contado a sus progenitores, y un amigo de su pueblo con el que también había mantenido un noviazgo. Las sospechas sobre este último han ido perdiendo fuerza a medida que todas las pruebas le han ido descartando. Sobre el primero tampoco parece haber pruebas concluyentes, tan sólo indicios que no han sido suficientes, según el criterio de la Justicia, para formular acusación contra él. No obstante, lleva años retrasando la práctica de una prueba que podría ser crucial para descartarle como sospechoso o impulsar esa acusación.

El caso llegó incluso a archivarse al considerarse la investigación atascada. La instrucción, plagada de incidentes, se cerró y fue posteriormente reabierta por la Audiencia Provincial de León (a finales de 2015) basándose en un informe del prestigioso forense Luis Frontela solicitado a instancias de la acusación particular –y no sin pegas por parte de la jueza instructora–; un informe que halló un buen número de restos en el cadáver que no fueron localizados en la diligencia de oficio. Otro despropósito de esta causa.

La reapertura del caso se fundamentaba, precisamente, en los pelos hallados en el cadáver y, de ahí, la citación dirigida al principal sospechoso para la recogida de muestras que permitan cotejar morfológicamente sus cabellos con los hallados en el informe forense de Frontela, prueba que ha eludido ya hasta en tres ocasiones con diversos argumentos, el último por no dar la longitud óptima el pelo por «alopecia», por lo que esta vez fue instado judicialmente a no cortarse el pelo y, además, tal y como se recoge en el auto de la Audiencia, en el caso de que el aludido no consintiera voluntariamente la toma de la muestra «se procederá a hacerlo de forma obligada utilizando para ello si fuera preciso la fuerza mínima imprescindible».