En Castilla y León en los últimos nueve años se han perdido 3.277 empleados públicos, y en León, de los 2.635 funcionarios que trabajaban en la administración general en 2009 se ha pasado a los 2.379 de este año (256 menos). «O empezamos con una oferta extraordinaria de empleo público ya mismo o si no vamos a tener problemas muy importantes para dar servicio en todos estos centros de trabajo dependientes de la Junta de Castilla y León», advirtió Angulo.
Un balance negativo al que ha contribuido, dijo, la escasez de la oferta, pero también el hecho de que no se están cubriendo las plazas que van quedando vacantes debido a las jubilaciones. Un problema, este último, que podría agravarse más todavía en los próximos ejercicios, ya que «en ocho o diez años» el sindicato estima que «el 80% de los funcionarios» que actualmente están en activo se van a jubilar.
Entre el año 2000 y 2017 en Castilla y León se produjeron 3.131 jubilaciones que Angulo destacó que «no se han cubierto en ninguno de los casos». Una afirmación que explicó apuntando que la oferta de empleo público de 2017 a nivel global fue de 997 plazas de las que 600 eran de estabilidad para el empleo –es decir, para personal que ya trabajaba en la Junta– y «con esas 300 nuevas vacantes vamos a tardar muchísimos años en completar la plantilla y llegar a unos márgenes, que ya están exigiendo, del ocho por ciento de interinos».
Así, el coordinador de sector autonómico de FSC-CCOO insistió en que «es el momento» de poner en marcha una oferta pública de empleo que si se retrasa demostrará «importantes carencias y problemas para cubrir las plazas que hay. Es urgente, es una necesidad imperiosa que tenemos ya».