Cada persona tira a la basura 31 kilos o litros de alimentos cada año

En 2020, los hogares españoles tiraron a la basura más de 1.300 millones de kilos y litros de alimentos, lo que equivale a una media de 31 por persona. Ante ello, la lucha contra el desperdicio alimentario ha comenzado a regularse este año en España y cuenta ya con un proyecto de ley que tiene por principal objetivo reducir el desecho de alimentos sin consumir y pretende favorecer su aprovechamiento.

El pasado junio, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto que tiene por objetivo regular e involucrar a la sociedad, favoreciendo la donación de alimentos y concienciando sobre la necesidad de reducir su despilfarro. La ley tiene en cuenta todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde los productores hasta los consumidores, tanto en el hogar como en bares y restaurantes.

Establece que todos los agentes tienen la obligación de disponer de un plan de prevención del desperdicio con el objetivo de que las empresas hagan "autodiagnóstico" de sus procesos productivos, detecten dónde se producen pérdidas y fijen medidas para minimizarlas contemplando otros usos a través de una jerarquía de prioridades. La máxima de esas prioridades será siempre el consumo humano, a través de la donación o redistribución de alimentos.

Para donar, los agentes de la cadena alimentaria tendrán que firmar convenios con entidades sociales o empresas, organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. Por otra parte, se contempla la transformación de los alimentos que no se hayan vendido pero mantengan sus condiciones óptimas de consumo en productos como zumos y mermeladas, etcétera. En caso de no ser aptos para el consumo, la preferencia será la alimentación animal o, por último, el uso como subproductos en otra industria ya como residuos o la obtención de compost o biocombustibles.

Además, el proyecto de ley fija que la hostelería tendrá la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse sin coste adicional alguno los alimentos que no haya consumido, en envases reutilizables y fácilmente reciclables.

Entre los puntos se establecería también un régimen sancionador, que considera, por ejemplo, falta grave no contar con un plan de prevención y prevé multas que oscilan entre los 2.001 euros y los 60.000.

A nivel autonómico, una Proposición No de Ley del PSOE en las Cortes de Castilla y León instaba a realizar actuaciones para reducir el desperdicio alimentario, promocionando el consumo de proximidad y fomentando la dieta saludable en los colegios públicos. El procurador de UPL José Ramón García dio su apoyo a la PNLresaltando y defendiendo la postura de los agricultores en este asunto, pues en caso de que por determinadas circunstancias no pueda comercializarse una parte de la producción de una explotación, lo que ya va en perjuicio del propio agricultor o ganadero, no puede considerarse asimilable al desperdicio alimentario, ha afirmado García. "No puede ser que si un agricultor no recoge su cosecha por razones de mercado, o por lo que sea, reciba una penalización a mayores de la pérdida que eso supone para su trabajo o se le impongan obligaciones que represente más costes adicionales".

Por eso desde UPL reclaman que desaparezca la expresión pérdidas del proyecto no de ley que quede claro de manera fehaciente que el desperdicio sucede a partir de la primera entrega. De hecho, afirman desde la formación, la propia Unión Europea en su estrategia de desperdicio alimentario indica que es en el hogar y en la transformación y fabricación donde se concentran la mayor parte de las pérdidas, seguida de la restauración y la distribución. Asimismo por su parte el Ministerio de Agricultura, promotor del proyecto de Ley, no ha presentado al sector ningún estudio o evaluación que demuestre la necesidad de incluir al sector primario, concluyó García.