Así lo ha asegurado esta semana la secretaria de Organización de la Federación Socialista Asturiana, Gimena Llamedo, que ha explicado que este jueves se llevará a votación la estrategia que incorpora la propuesta del Gobierno de Asturias que va a permitir poder hacer controles y aplicar «con garantías» el plan de gestión del lobo.
El Ejecutivo autonómico asturiano, ha dicho, ya está trabajando en ello para que, una vez se apruebe, se pueda hacer «con la mayor agilidad». «Llevamos mucho tiempo defendiendo con mucha firmeza desde Asturias esta posición», ha explicado, por lo que considera que es «una noticia positiva para el sector».
Fue el pasado 8 de julio cuando el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, anunció que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) permitirá desarrollar «en todos sus términos» el plan de gestión del lobo de Asturias para el control poblacional de la especie con las garantías jurídicas necesarias.
Castilla y León, a la espera
Ante los avances en la materia por parte del Principado de Asturias, la Junta de Castilla y León permanecerá a la espera de lo que se decida en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que se celebra este jueves para poder llevar a cabo medidas para intentar controlar la población del lobo.
Así lo han asegurado a este periódico fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Administración autonómica que confirmaron que en función de las decisiones que se tomen en dicha conferencia, trabajarán de la mano de sus servicios jurídicos para intentar establecer también algún tipo de plan para poder hacer un control de la especie.
Cabe recordar que el Tribunal Constitucional ha estimado el recurso presentado por el Gobierno y ha declarado nulos los artículos de la ley de Castilla y León que consideraban al lobo una especie susceptible de ser cazada al norte del río Duero por entender que invade las competencias estatales sobre medio ambiente.
En su sentencia, el Constitucional señaló que los preceptos impugnados vulneran el orden constitucional de distribución de competencias porque rebajan el nivel de protección medioambiental que, para el lobo, deriva de su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE).
La inclusión en este listado implica que se prohíbe cualquier actuación hecha con el propósito de dar muerte, capturar, perseguir o molestar a los ejemplares de las especies, subespecies o poblaciones recogidas en el mismo.
Los magistrados razonan que la ley castellano y leonesa, aunque en un principio respetaba la normativa básica, ha incurrido en una inconstitucionalidad mediata o indirecta de manera sobrevenida.
Pese a ello, desde la Junta de Castilla y León aseguran que trabajarán para buscar una solución similar a la de Asturias; a la par que reclaman al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que agilice el pago de las compensaciones que deben a los ganaderos afectados por ataques de lobos en la Comunidad.