Por el contrario, el sentido de esta modificación también es incrementar el impuesto a los inmuebles de características especiales. En este caso sería a la autopista AP-71, cuyo gravamen pasaría del 0,6% actual a un 1,3%, que es el máximo permitido por ley. Jáñez aseguró que esta medida no tendrá ninguna repercusión sobre las tarifas a los usuarios, ya que «no está permitido». De esta manera, el gobierno de PSOE e IU señala que «ya que nos están cobrando tarifas abusivas, que por lo menos beneficie al Ayuntamiento de esta manera. Asimismo, la empresa concesionaria pasará de pagar los 3.000 euros actuales a más del doble, unos 7.800 euros.
Jáñez también quiere dejar claro que «no es una gran reforma, pero sí un paso inicial». Y es que, la idea es que se vaya actualizando y adaptando a las necesidades del municipio, y para ello esperan poder incluir, más adelante, otro tipo de bonificaciones. De momento pide «paciencia, porque estamos al final del ejercicio», tanto a la ciudadanía como a la oposición, con quienes se reunirán en una comisión el próximo lunes para abordar este asunto, y les asegura que «no cerramos la puerta a nada, pueden plantear las reformas que consideren oportunos y también se harán los estudios necesarios en ese caso, pero de momento hemos hecho lo que era más sencillo de hacer, porque ya estaban contempladas en la modificación que habíamos presentado en el anterior mandato».
Contrato del agua
El teniente de alcalde de Astorga también aprovechó esta reunión para explicar la situación actual con la empresa del agua, Aquona, con los que, dice, «no hemos llegado a ningún acuerdo sobre el cálculo del canon» que la compañía tendría que abonar al Ayuntamiento. Y es que, afirma que según los datos municipales esta cantidad, del tercer trimestre de 2015 al mismo de 2018, ascendería hasta a 335.000 euros, mientras que según los datos de la empresa, esta cuantía es de 120.000 euros. Dada la situación no plantean ninguna prórroga, como pidió la adjudicataria, porque existen criterios diferentes. Pero el concejal es optimista. «Las negociaciones siguen y confío en que podamos llegar a un acuerdo. La intención es prorrogar, y hay que resolver el asunto pronto», ya que el contrato con la empresa estaría a tan solo unos seis meses de caducar. De no llegar a un acuerdo saldría a licitación.