Ascienden a 65 los implicados en una red que comerciaba con carne de caballo no apta para el consumo

El número de personas detenidas en la denominada operación ‘Gazel’, destapada el pasado mes de abril, en la que se localizó una red que comerciaba con carne de caballo no apta para el consumo, se ha elevado a 65. Esta operación, que ha contado con la participación de ocho países europeos y se ha desarrollado en siete Comunidades españolas, ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Ponferrada (León) y desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de Medio Ambiente de la Guardia Civil.

Las actuaciones que se llevaron a cabo desde el inicio de la operación han permitido aumentar el número de personas investigadas y detenidas. En esta fase de la explotación de la operación, tres componentes de Europol estuvieron presentes en los operativos que se desarrollaron en las provincias de Alicante y de León, lo que permitió el desbloqueo de varias cuentas bancarias y bienes inmobiliarios, e incautarse de cinco vehículos de alta gama de reciente adquisición, explicaron a Ical en un comunicado.

Fue en 2013 cuando se detectaron en Irlanda hamburguesas de vacuno que contenían carne de caballo, lo que originó el inicio de una investigación para determinar el origen, lo que afectó a empresas comercializadoras, fabricantes de productos congelados y restaurantes de comida rápida. La investigación concluyó que detrás de esta trama, que comercializaba la carne en Europa y cuyos beneficios se calcula que podrían haber superado los 20 millones de euros anuales, podría estar un ciudadanos holandés muy conocido en el mundo de la comercialización de carne de caballo que se encontraba en paradero desconocido.

Desde entonces, y a raíz de estos hechos, la Guardia Civil estableció una red de alerta y control sobre este tipo de alimentos que ratificó la existencia de una trama que adquiría caballos en malas condiciones, viejos o calificados como no aptos para el consumo, y los sacrificaba en dos mataderos concretos. Estos animales procedían de Portugal y de varios puntos del norte de España, desde donde eran distribuidos de varias formas o bien su carne era manipulada antes de enviarla a Bélgica, que es el mayor exportador de carne de caballo de la Unión Europea.

Durante la investigación se localizó en Calpe (Alicante) al empresario holandés, desde donde mantenía líneas de negocio que enlazaba con las actividades que ya controlaba en países del norte de Europa, y que era quien manejaba todo el proceso, interponiendo a sus personas de confianza en cada uno de los territorios en los que estaba presente el entramado.

También se determinó que la parte española de la trama era una pequeña porción de una estructura extendida por toda Europa bajo el control del ciudadano holandés, por lo que la Guardia Civil desplegó mas de 300 agentes de diferentes especialidades en 18 provincias, donde registró de forma simultánea 29 ubicaciones y llevó a cabo una veintena de inspecciones, lo que desembocó en la detención de 20 personas, ocho de las cuales ingresaron en prisión tras prestar declaración judicial.

A principios de abril se produjo la detención de una persona relacionada con una empresa de cecinas del municipio de Villaramiel, donde los agentes practicaron un registro para buscar documentos relativos a la trazabilidad animal, que es la que apunta el origen de la carne. Además de en la localidad palentina, efectivos de la Unidad Central Operativa Medioambiental del Seprona, coordinados desde Madrid, inspeccionaron los mataderos de Astorga y Toreno, en la provincia de León.

En ambos recintos, los agentes solicitaron documentación relativa a medicinas ilegales, una información que les fue proporcionada por los responsables de las instalaciones. En el caso de las dependencias leonesas, los titulares de ambas instalaciones son los respectivos ayuntamientos, aunque en los dos casos, las mismas están externalizadas.