Anulada la autorización para hacer un parque eólico en la 'Peña del Gato'

El empresario, Lamelas Viloria pide una legislación "concreta" y celeridad en los procedimientos

Ical
03/08/2016
 Actualizado a 31/08/2019
El parque eólico no podrá construirse finalmente.
El parque eólico no podrá construirse finalmente.
La Consejería de Economía y Hacienda publica en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la orden de ejecución de la sentencia emitida en septiembre de 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que estimaba las pretensiones de la organización SEO/BirdLife y declaraba la nulidad de la autorización administrativa del parque eólico ‘Peña del Gato’, el más grande de la provincia leonesa, ubicado en montes pertenecientes a los municipios de Villagatón-Brañuelas, Igüeña y Torre del Bierzo. El TSJCyL entendió en su día que en su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no se valoró la existencia de ejemplares de urogallo cantábrico, en la que es la colonia más meridional del mundo.

En este sentido, el Tribunal señaló en su sentencia, cuyo cumplimiento se determina ahora, que tampoco se tuvo en consideración el papel de corredor ecológico para la especie que supone toda la zona de implantación del proyecto, al tiempo que ha criticado de forma severa que se ignorasen los informes emitidos por los técnicos de la Administración en los que se reconocía la presencia de la especie y la importancia de estos terrenos para su supervivencia. El empresario Manuel Lamelas Viloria, lamenta la ausencia de «una hoja de ruta» y de la existencia de una legislación «concreta» que permita actuar a las empresas . Lamelas reconoció que se trata de un tema «escabroso» y que resulta «difícil de contestar» porque existen «muchas opiniones al respecto» dado que la actualidad «los tiempos no están estables» y las regulaciones «no están concretas».

Para el empresario, lo «lógico» era haber dicho «en tiempo y forma» si esa infraestructura era o no posible de ejecutar «para eso o pararlo todo», pide.«No tenía por qué estar una inversión semi hecha, con trabajos y riqueza perdidos», dice Lamelas, quien consideró que tendría que haberse resuelto «en ocho días» para determinar la legalidad o no de un proyecto. «No porque un grupo quiera cambiar los sistemas o las leyes por las presiones», dijo Lamelas, quien recalcó que «desgraciadamente la industria que toca al medio ambiente, aun siendo respetuosísimos con él, no tiene una hoja de ruta ni nada definido concreto» denunció. «Esperemos que algún día se legisle y sepamos los empresarios lo que tenemos que hacer», dice.  
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