Ante la crisis, responsabilidad y prioridades, por Antonio Silván

El pasado lunes, 18 de mayo, el gobernador del Banco de España afirmó en el Congreso de los Diputados que, de los posibles escenarios económicos previstos al comienzo de la crisis sanitaria, se debía descartar el más optimista de todos. Estas palabras significan que, según las estimaciones de este organismo, nuestra economía caerá este año entre un 9,5% y un 12%.

Para que se hagan una idea y puedan hacer una comparación en empleos y dinero de las consecuencias económicas de la crisis, se calcula que todo el sector turístico en España, el que más aporta, supone casi el 15% del PIB de la economía nacional. O lo que es lo mismo, 176.000 millones de Euros anuales y 2,8 millones de empleos. Estamos, por tanto, ante una crisis económica con diferente problemática pero puede que de mayor grado que la que comenzara en 2008.

Una vez reconocida la magnitud del problema, -el propio Gobierno habla de una caída del 9.2% del PIB-, se ha creado en el Congreso una llamada 'comisión para la reconstrucción social y económica' con la presencia de las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria. Tristemente, he de decir que, a pesar del ejercicio de fe que muchos hicimos sobre las aparentes buenas intenciones del Gobierno social-comunista para con esta comisión, en pocos días se han visto frustradas.

El Gobierno, de nuevo, ha vuelto a convertir lo que podía haber sido un buen instrumento de cooperación para el país en un mero artificio propagandístico de caducidad efímera. En esta comisión se podría haber acordado, por citar algunos puntos importantes, las dos últimas prórrogas del estado de alarma, el establecimiento de la renta mínima vital, el mecanismo para agilizar el pago de los ERTE o la fiscalidad para autónomos y empresas en apuros.

Sin embargo, las prórrogas del estado de alarma se han negociado a modo de subasta con algunos partidos minoritarios y desdeñando sectariamente a otros, la renta mínima vital sigue siendo una carrera entre los dos partidos del Gobierno por ver quién lo anuncia primero –incluso antes de tener el proyecto redactado– o, en relación a los ERTE, vemos cómo la ministra de Trabajo, entre sonrisas, explica lo estupendo que es que haya miles de personas en esta situación pero es incapaz de articular un mecanismo eficaz para que todos los afectados cobren su dinero.

La prueba definitiva de la nula relevancia que tiene esta comisión para el Gobierno y de su inexistente voluntad de llegar a acuerdos mayoritarios ha llegado con el pacto alcanzado –con opacidad, ocultismo y enredo posterior- el pasado miércoles con EH Bildu –sí, EH Bildu- para derogar la reforma laboral. Esa norma gracias a la cual se han generado 3 millones de empleos en España en los últimos años y de cuya eficacia para evitar despidos presume la actual ministra de Trabajo de Podemos.

Aunque parezca inconcebible, el despropósito de este Gobierno ha llegado a tal punto de pactar con EH Bildu algo tan relevante para el futuro de millones de españoles como es la legislación laboral. En el ámbito económico y laboral, la certidumbre y la seguridad son dos de los valores más importantes y el gobierno de España no se cansa de menoscabarlos con sus improvisaciones y extravagancias.

Pero no nos quedemos solo en el ámbito nacional... Si los primeros pasos dados por la coalición social-comunista que gobierna España nos hace temer que, lejos de mitigar las consecuencias de la crisis económica, sus actuaciones van a lograr hacerlas más dañinas, en León, sus compañeros de partido no les van a la zaga.

Tras dos meses de crisis sanitaria desaparecido, el alcalde ha regresado para, por un lado, anunciar un desequilibrio «bestial» en las cuentas municipales y, por otro, aprobar un gasto de 600.000 Euros en el cambio de las placas de las calles y en pintar la calle Ordoño IIde colores.

Más allá de la extraña y extraordinaria rapidez con la que este expediente se ha tramitado y aprobado -5 días-, hurtando el alcalde el debate que ante una intervención de este tipo debería producirse, llama la atención la insensibilidad del principal edil de la ciudad ante la situación de vulnerabilidad que viven cientos de familias leonesas y de autónomos y pequeños establecimientos comerciales u hosteleros.

La prudencia, el equilibro y la sensatez que debe regir la actuación de un dirigente público debería haber provocado que, tras anunciar ese «bestial» desequilibrio presupuestario, el alcalde y su gobierno se hubieran puesto manos a la obra para rehacer el presupuesto para este año 2020 orientando la capacidad económica del Ayuntamiento de León a ayudar a las familias vulnerables, a incentivar la economía local y a evitar un desequilibrio presupuestario que eche por la borda en pocos meses el trabajo y esfuerzo realizados por los leoneses y el Gobierno Municipal del Partido Popular en los últimos años.

Es cierto que esta crisis va a provocar una menor capacidad de gasto e inversión de las administraciones públicas, pero ello no quiere decir que no exista capacidad de actuación. Para ello hay que dejar a un lado los proyectos y obsesiones personales, la obstinación y la falta de transparencia y diálogo.

Son estos momentos donde es más importante que nunca que los responsables al frente de las administraciones tengan el conocimiento, la experiencia y el equipo de personas capaces de conjugar la protección del estado de bienestar con la reactivación de la economía productiva. Es preciso responsabilidad y prioridades claras que, en el caso del Partido Popular, son las expuestas anteriormente: ayuda a las familias vulnerables y reactivación de la economía. En definitiva, recursos para quienes más lo necesitan y para quienes, con su trabajo, sostienen nuestro estado de bienestar. Todo lo demás debería quedar aparcado en estos tiempos.

De las prioridades que establezcan los diferentes gobiernos va a depender que la economía provincial amortigüe el golpe de una crisis económica que ya es una realidad. Hay que seguir apuntalando los nuevos sectores sobre los que nuestra economía venía afianzándose: el sector TIC, el biotecnológico, el farmacéutico y el logístico. Hay que apoyar nuestro sector primario, tanto a los que trabajan el producto como a quienes lo transforman. Y hay, desde luego, que volcarse en ayudar a mantener el sector turístico de nuestra ciudad y provincia que, hay que decirlo, en los últimos años ha vivido un importante crecimiento cualitativo que no puede perderse.

Tampoco debemos, y personalmente voy a encargarme de ello, olvidarnos de alguno de los grandes proyectos de la provincia. Especialmente aquellos cuya financiación es comunitaria y por la que hay que seguir peleando. Me refiero, sobre todo, a los fondos del Mecanismo Conectar Europa. A este respecto, y aunque ya es sabido que el Gobierno de España ha aparcado las actuaciones en León, desde el Partido Popular vamos a seguir insistiendo en la solicitud de financiación para el desarrollo de los proyectos logísticos del cuadrante noroeste de la península en los que León aparece como nodo logístico fundamental. Hay pocos ejemplos mejores que este de inversión en económica productiva.

Por último, no quiero dejar de mencionar la reconversión industrial de las zonas mineras de León. Lo que el ‘departamento de bautismos’ de la Moncloa viene a denominar ‘Transición Justa’. Tras dos años de Sánchez en el gobierno y de haber oído a la ministra hablar de cientos de millones de inversión en sus visitas a la provincia, lo único que sabemos con certeza es que, entre los muchos nombramientos de cargos y asesores que ha realizado el Gobierno aprovechando la crisis sanitaria, se ha la creado el ‘Instituto para la Transición Justa’ y se ha nombrado a su correspondiente directora, una conocida socióloga socialista. Esperemos – y vamos a estar pendientes de ello– que esta directora no sea para nuestras cuencas mineras lo que Tezanos, el otro sociólogo socialista de cabecera, ha sido para el CIS.

Para concluir, y fuera de este contexto económico, no quiero finalizar sin hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos y, especialmente, de ciertos partidos políticos dados a recetar «jarabe democrático». Es importante diferenciar entre quienes se manifiestan pacíficamente y quienes van en busca de altercados y enfrentamientos con quienes piensan diferente. Se puede discrepar, se puede –ahora con las medidas que la coyuntura exige- protestar y manifestarse pacíficamente, pero lo que no se puede hacer, y menos desde una responsabilidad pública, es incitar al enfrentamiento o al odio entre españoles. Este tipo de irresponsabilidades se sabe cómo empiezan pero no cómo acaban y, a pesar de que sus promotores puedan pensar que esto les da algún tipo de rédito electoral y que siempre van a tener el asunto bajo control, puede que un día eso no sea así y las consecuencias sean nefastas.

Libertad, sí y siempre.Responsabilidad, también. Al fin y al cabo no hay libertad sin responsabilidad.