La vista se iniciaba este lunes en la Audiencia Provincial de León tras 17 años de proceso y una ‘intentona’ en septiembre del pasado año y lo hacía con la invocación por parte de las defensas de los dos acusados como representantes de la empresa y la de Coto Minero del Cantábrico (CMC) como responsable civil subsidiaria, de cosa juzgada, cuestión que suspendió durante unos minutos el juicio para la deliberación de la sala que, finalmente, resolvió pronunciarse en el momento de la sentencia. En todo caso, el fiscal sostuvo al respecto que El Feixolín «da para mucho, da para varias causas y para varios delitos, y de esta causa principal se derivan otras más pequeñas, por tanto, que se haya juzgado a los acusados por desobediencia no les exime de ser juzgados ahora por otros delitos», al tiempo que insistía en que «por los hechos hoy expuestos no se les ha juzgado nunca».
Ya en el interrogatorio de los acusados, que comenzó con la declaración a Alonso, el magnate minero sostuvo en respuesta a las preguntas del Ministerio Público que quien debería estar en esa sala era el director general de la empresa, que es quien tomaba las decisiones, pues se limitó a firmar un convenio como representante de Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) con el Ayuntamiento de Villablino «porque me lo pidió el director general porque quedaba bien que lo firmara yo al ser de la zona, es el único que he firmado en veinte años». Y además, a preguntas del fiscal aseguró que ni siquiera lo había leído, aunque cuando éste quiso saber si firmaba cosas sin leerlas cambió su respuesta y reconoció haberlo leído.
Además, Alonso incidió en que en el Consejo de Administración de MSP, luego Coto Minero del Cantábrico (CMC),–recalcando que él sólo tenía una «simbólica de 15 céntimos»– estaban presentes cuatro partidos políticos y Caja España y que «nunca nadie dijo nada». El empresario negó que hubiera existido alguna vez el ‘Grupo Alonso’, que esa denominación respondía a que él era la cabeza visible de la minería y que era una denominación «popular».
Alonso negó que se hubiera cometido ilegalidad alguna o indicó, al menos, que a él le dijeron «que estaba todo legal». En su opinión, «los mil pleitos del Feixolín vienen todos del señor Tronco porque no le compramos un prado por el que pedía más de lo que valía y nos la juró para toda la vida», en alusión a Antonio Alias Tronco, responsable de la mercantil Narsil, acusación particular en esta causa.
También se sentó en el banquillo de los acusados el apoderado de la empresa minera, José Tascón, quien afirmó que él «era solo un mandado», mientras que « los responsables que tienen que dar explicaciones eran el director general, Tejuca, el director facultativo, Luis Angulo, y demás los directores correspondientes». «Yo no pinto nada aquí, solamente me dedicaba a tareas administrativas, soy inocente y no leía ni los documentos, trabajaba codo a codo con la asesoría jurídica, me fiaba de ellos y firmaba», explicó. La misma asesoría jurídica que, según puntualizó, le aseguraron que «los permisos se obtuvieron por silencio administrativo».
Por su parte, el exalcalde de Villablino, Guillermo Murias, a quien se le acusa de intentar legalizar la situación ilegal de la explotación ‘El Feixolín’, explicó que cuanto él llegó al Ayuntamiento de Villablino, «la explotación ya estaba en funcionamiento» pero «con el tiempo se iban complicando las cosas por el cambio normativo y la introducción de nuevas figuras de protección».
Murias se mostró conocedor de que «El Feixolín era un problema administrativo», pero «el cierre inmediato sería una aventura que habría durado dos días, porque habría sido una irresponsabilidad de cara a los trabajadores».
El que en aquel momento fuera alcalde de la capital lacianiega expuso que «no podía echarse a la espalda una explotación que estaba avalada por el Ministerio de Industria, con competencias de la Junta de Castilla y León, que dio el visto bueno» cuando «había necesidad de que funcionase si se quería que los mineros siguieran trabajando».
Asimismo, tal y como informaba Ical, aseguró que nadie le dijo que la situación de El Feixolín era ilegalizable hasta 2004 «cuando se procedió a la paralización de la actividad» para lo que «se pidió ayuda a la Junta de Castilla y León porque no se puede paralizar de un día para otro sin que suponga un riesgo», de manera que «se inició un plan de cierre».
Penas a las que se enfrentan
El Ministerio Fiscal considera a los dos representantes de la empresa autores de un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente por el que pide para cada uno de ellos 8 años y tres meses de prisión así como 22.275 euros de multa y la inhabilitación para administrar, dirigir o gestionar cualquier empresa de extracción o tratamiento de minerales por el mismo tiempo de la condena. Al exalcalde le imputa un presunto delito de prevaricación urbanística y solicita para él 15 meses de cárcel y ocho años y medio de inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o cargo alguno.Las defensas de los representantes de la empresa se limitan a rechazar los cargos que se les imputan y asegurar que no existe delito alguno solicitando su libre absolución, mientras que la representación legal del exalcalde de Villablino, en un escrito de más de 20 páginas, asegura que su cliente, como trabajador de la empresa, fue uno de los impulsores de la Marcha Negra de 1992 y, como alcalde, cumplió con lo que dispusieron los tribunales. Un extenso escrito de defensa en el que acaba pidiendo la absolución del exacalde de Villablino. El juicio continuará este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León y está previsto que se prolongue hasta el jueves.