¿Alguien piensa que se va a cumplir la sentencia?

Estos días yo he seguido con interés las noticias que nos llegan de Cataluña sobre el último capítulo del ‘show’ que han montado los políticos sobre el uso del castellano en la comunidad catalana. En el mes de diciembre de 2020 se conocía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la que obligaba a las escuelas públicas catalanas a impartir al menos el 25% de las clases en castellano. El TSJC justificó la resolución en que sólo 5 de los 184 centros imparten un 25% de las materias en castellano. En aquel momento el portavoz de ERC, Sr. Rufián, y el presidente del Gobierno, Señor Sánchez, negociaban fulminar la palabra vehicular del castellano en Cataluña y dejar el catalán como única lengua, a cambio de dar su voto para la aprobación de los presupuestos españoles. Ahora el Gobierno y ERC siguen negociando otros presupuestos a cambio de la cuota lingüística que los independentistas quieren aplicar a Netflix y otras plataformas audiovisuales. El Gobierno de la Generalitat despreció la sentencia con la seguridad de que presentando un recurso de casación todo quedaría solucionado. Pero no fue así. El 23 de noviembre la justicia ha asestado un duro golpe al sistema de inmersión lingüística en Cataluña al quedar firme la sentencia que obliga a los centros a impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano. Es una decisión firme del Tribunal Supremo que no ha admitido el recurso de casación. Parece indiscutible e indudable que la sentencia tiene que cumplirse, pero yo lo pongo en cuarentena. Se tensará la cuerda, se dilatará en el tiempo y se harán malabarismos para que no veamos que en Cataluña se imparta un mínimo del 25% de las clases en castellano. Es más, no sólo no cumplen sin que pase nada, sino que lo peor es que advierten públicamente y con todo descaro que no cumplirán la sentencia. La Generalitat y todo el independentismo salieron en tromba a protestar contra esta decisión del Tribunal Supremo y defender el modelo educativo actual en Cataluña. El consejero de Educación, Josep González-Cambray, ha pedido a los centros educativos que no cambien sus programas, y ha garantizado que la inmersión lingüística está blindada por la ley de educación catalana. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que «el catalán en la escuela no se toca».

A partir de aquí empieza «el juego político». Después de todo, ellos viven de la política. El Gobierno de Pedro Sánchez elude instar a la Generalitat al cumplimiento del 25% de castellano en los colegios catalanes. La ministra de Educación dice que «es el TSJC el que tiene que velar» por la ejecución de la providencia del Supremo. Pablo Casado instó a Pedro Sánchez a exigir a la Generalitat que ‘cumpla’ el fallo con todos los instrumentos del Estado porque «incumplirlo sería prevaricar». El consejero de Educación catalán Cambray ha asegurado que no iban a acatar la resolución judicial. De otra parte, los defensores del bilingüismo estaban eufóricos por un fallo que tras largos años de batalla política y judicial les avala. Para Sociedad Civil Catalana (SCC), se trata de «un triunfo histórico de la igualdad y de la inclusión. Y su consigna es hacer cumplir la ley (admiro su tesón, empeño, constancia, firmeza, perseverancia y hasta terquedad). En mi opinión son unos ingenuos.

Lo cierto es que el Tribunal Supremo ha dado carpetazo definitivo al intento de paralizar la aplicación del 25 por ciento de castellano en toda la red educativa. El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, sabe perfectamente que los cimientos de la inmersión lingüística se tambalean tras el varapalo judicial sin precedentes del 23 de noviembre, y que el Gobierno, como parte procesal, y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como autor de la sentencia que dicta aplicar ese porcentaje de español en las escuelas, no soportarán que sigan aireando el desacato. A pesar de todo, pienso que nada va a cambiar, este tema seguirá siendo moneda de trueque para aprobar presupuestos o modificar la reforma laboral, se saltarán las prevaricaciones que convenga, pero en los centros educativos catalanes se obligará el catalán como una única lengua vehicular.

Pero, queridos lectores, esto no supone ningún problema en la convivencia normal de la Cataluña donde yo he pasado gran parte de mi vida y desde allí se ven las cosas muy distintas a lo que vemos en León. Para la gente de la calle esta polémica no existe y este tema ya les resulta ‘cansino’. La experiencia que yo he vivido no coincide, en absoluto, con las leyendas que oigo por mi tierra. Jamás he tenido un problema con la lengua ni en el claustro de profesores, ni en el club de tenis, ni en los miles de partidas de dominó que he jugado con miles de compañeros diferentes. Es más, me he sentido tan amparado y querido por los catalanes como por los leoneses. Se habla más de estos temas en el Aero Club de León que en el Club de tenis Salou.

Ahora, al igual que con el virus, ha aparecido una variante nueva muy preocupante para los dirigentes catalanes. «El uso del catalán en los colegios de Catalunya se hunde entre los alumnos». Según una encuesta de la Generalitat, el 68% de alumnos usaba «siempre» el catalán en clase en 2006 y ahora sólo el 21,4%. La realidad actual es que los alumnos cada vez se relacionan menos en catalán entre ellos y algo similar se observa entre el profesorado. A pesar de que la Generalitat y el Síndic de Greuges de Cataluña están realizando una encuesta a los alumnos de quinto de primaria y tercero de la ESO para que revelen qué idioma se habla durante las clases de cada asignatura, a pesar de colocar «grupos impulsores» del catalán en doscientos centros para controlar a profesores y alumnos, «el uso del catalán fuera del aula se desploma». Da la impresión de que tanta inquisición y represión ha asegurado el uso exclusivo del catalán en el aula, pero ha provocado su rechazo fuera de ella. A veces el estímulo da mejores resultados que la obligación.