Adoctrinamiento (y III)

Al iniciarse la década de los años treinta del pasado siglo, el sistema educativo español se hallaba en condiciones muy precarias. El Estado tenía una presencia débil, subordinando la enseñanza a la actuación de la Iglesia Católica. Francisco Giner de los Ríos, creador de la Institución Libre de Enseñanza, señalaba así: «De todos los problemas que interesan a la regeneración político-social de nuestro pueblo, no conozco uno tan menospreciado como el de la educación nacional». Acuñada en el siglo XIX, estaba todavía en vigor la muletilla «pasas más hambre que un maestro de escuela», de que ‘gozaban’ los docentes de primaria previa la implantación de la Segunda República.

El nuevo régimen republicano nació con un programa de reforma global del sistema educativo con el propósito de dignificar al maestro con un aumento sustancial de las retribuciones y el establecimiento de un sistema pedagógico activo y participativo mediante una concepción laica de la enseñanza.

«Uno de los postulados esenciales de la campaña republicana consistía en abogar por la liberación de la enseñanza popular de la opresión confesional (…), con el afán inmediato de renovar el triste estado de abandono en que estaba sometida la enseñanza oficial» (‘La Escuela y el Estado. La Escuela Laica’, Gráfica Leonesa, León, 1934). Así se manifestaba Salvador Ferrer Culubret, un gerundense que trabajaba en León como Inspector de Primera Enseñanza. Fue condenado a muerte en noviembre de 1936, luego conmutada por 30 años de prisión en el Fuerte de San Cristóbal, en Pamplona.

La reforma republicana concitó la hostilidad inmediata de los sectores poderosos de la sociedad española. La Guerra Civil sirvió para que los golpistas eliminaran la educación como ‘escudo y defensa’ de la República, realizando una campaña sistemática de erradicación de la política educativa y cultural republicana.

La reacción fue brutal y no se hizo esperar. En nueve provincias de las que existen datos sistemáticos, fueron ejecutados en torno a 250 maestros. Y 54 institutos públicos de enseñanza secundaria creados por la República fueron cerrados. Por añadidura, en torno a un 25% de los maestros nacionales sufrieron algún tipo de represión y un 10% fueron inhabilitados de por vida. Tampoco se libraron los Ateneos Obreros, una enseñanza popular alternativa, que fueron cerrados en su totalidad y expoliados todos sus bienes.

La Iglesia Católica, prácticamente monopolizadora de la enseñanza, jugó un papel fundamental en la represión y depuración del magisterio, a lo que contribuyó sin duda el error de la autoridad republicana de retirar el crucifijo de las escuelas, especialmente en el medio rural dominado por las clases más conservadoras; a lo que habría que añadir el sentimiento de agravio de las órdenes religiosas por el cese de la preeminencia docente. Es por ello que la mayoría de los miembros del clero jugaron un papel decisivo en la represión.

Y así es como se reorganizó la materia educativa en España al término de la Guerra Civil. En 1943, el ministro de Educación Ibáñez Martín declaraba ante las Cortes que «lo verdaderamente importante, desde el punto de vista político, es arrancar de la docencia y de la creación científica la neutralidad ideológica, y desterrar el laicismo para formar una nueva juventud poseída de aquel principio agustiniano de que mucha ciencia no acerca al Ser Supremo».

El concordato de 1953 entre el Estado español y el Vaticano confirmó la vuelta del adoctrinamiento eclesiástico en la educación hasta la llegada de la Constitución de 1978.