Administración fallida

La pandemia del Covid-19 ha evidenciado que el aparato administrativo español tiene importantes fallos que debemos resolver. También que la mayor parte de los españoles no conocen la estructura del Estado. Ahí se originan mensajes erróneos o tóxicos que circulan por las redes sociales.

Examinemos la operatividad de cada administración contabilizando sus medios. El Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de julio de 2019, del Ministerio de Administración Pública, nos da cifras: España tiene 2,6 millones de empleados públicos. Que solo medio millón dependan del gobierno central, nos da una pista. De ellos, más de la mitad se integran en el ejército y los cuerpos de seguridad. Los ministerios cuentan con 93.000 empleados. De ellos, el de Sanidad registra 1044 en toda España. De él depende además el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (2091 trabajadores), implicado en la crisis Covid-19.

¿Dónde se encuentra la mayor parte del personal entonces? En las comunidades autónomas: 1,5 millones de empleos. La Junta de Castilla y León pasa de los 94.000, tantos como todos los ministerios juntos. Más de la mitad de los empleados públicos autonómicos corresponden a sanidad y a educación. La Junta gestiona los hospitales, vigilancia epidemiológica, colabora con el Centro Nacional de Gripe de Valladolid –adscrito a la universidad, con el que mantiene estrecho contacto–, opera el suministro para los hospitales públicos, con unas 6500 camas, y es responsable, además, de la atención y vigilancia en las residencias de ancianos.

Con esta perspectiva, trasladable al resto de las autonomías, se concluye que el gobierno de España sobreactúa con el ‘mando único’, porque carece de los resortes que controlan la sanidad pública. Hay comunidades desleales y obedientes, las hay desastrosas en su calidad estadística, los sistemas informáticos no están interconectados y son opacos para los demás, los suministros a sus hospitales son ineficientes en caso de emergencia, como vimos. El resultado es descoordinación e ineficacia. Esto suscita la necesidad de recentralizar una parte de la gestión sanitaria, interconectar todos los sistemas informáticos y tomar decisiones irremisiblemente centralizadas en algunos aspectos esenciales.

Los fallos de procedimiento en la administración llevaron a que entre el 1 de marzo y el 15 de abril haya en Castilla y León 2.300 fallecidos que no corresponden ni al diagnóstico de Covid--19 ni a la mortandad normal esperada; son incluso más que los decesos por coronavirus detectados. La Junta de Castilla y León debe explicarlo, informar sobre su reparto provincial.