A los 18 años, derecho a reclamar y a votar

Según el nuevo real decreto de Bachillerato los estudiantes mayores de edad que suspendan tendrán derecho a reclamar y a pedir explicaciones al profesor para que les aclare los criterios de evaluación. Los docentes tienen la obligación de explicar a estos alumnos por qué suspenden o por qué no les dejan pasar de curso. Este proyecto de decreto genera gran preocupación y recelo entre el profesorado porque los alumnos tendrán derecho a leer el contenido de las actas de evaluación lo que viene a cuestionar o poner en entredicho la labor del profesor. Es verdad que este ha sido un cambio de última hora porque el artículo 28 del borrador contemplaba el derecho de los padres a conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción de sus hijos, así como al acceso a los documentos oficiales de evaluación y a las pruebas y documentos que se realicen.

Hay que ver lo que ha cambiado la condición del profesor en pocos años. En los años sesenta, cuando yo estudiaba, ni se nos pasaba por la imaginación que podíamos reclamar la nota de un examen. La decisión del profesor era sagrada e inamovible. Pero este tema ha ido cambiando lentamente hasta lo que tenemos hoy. Yo estoy en total acuerdo con que los padres conozcan los fallos de sus hijos en las pruebas y tengan la oportunidad de ayudarles y que haya transparencia en el sistema educativo con el único fin de mejorar su formación. Si estamos pidiendo a los padres que se involucren y sean complementarios con el instituto en la formación de sus hijos, parece lógico permitirles que vean en qué han fallado estos, para saber dónde hay que reforzarlos. No se está reclamando nada ni desconfiando del profesor, simplemente se está buscando la mejor manera de ayudar al alumno. Yo he podido ver a muchos profesores que entregan el examen puntuado y corregido a sus alumnos para que los padres lo vean y se lo devuelvan firmado. Alabo la actitud y profesionalidad de estos profesores. Estoy seguro de que realizan todo ese esfuerzo para ayudar a sus alumnos y para que los padres vean en lo que han fallado sus hijos y puedan ayudarles a superar sus calificaciones a base de repasos y refuerzos. Esto ayudará a comprometer a los padres para que participen y colaboren en la formación de sus hijos. También estoy de acuerdo en que exista esta transparencia y control. Todo ello es positivo porque incentiva a los profesores. Poco a poco los padres se habían involucrado en la vida de los centros y esto es lo que teníamos hasta este curso.

Ahora, la novedad es que, además de los padres, por primera vez estos derechos se hacen también extensivos a los alumnos mayores de dieciocho años. Hasta este momento lo que solía ocurrir es que el alumno podía pedir revisión si había suspendido o tenía que repetir curso y lo normal era que los profesores se reunieran con él para aclararle lo que necesitaba mejorar, pero ahora esta práctica se convierte en un derecho reconocido en el texto legal. Esta venía siendo una vieja reivindicación de los que abogaban para que los estudiantes tengan más peso en la toma de decisiones en la escuela, especialmente la Ceapa junto con los partidos que conforman el gobierno de coalición actual. Vamos a añadir algún dato más que nos aclare la razón o la intención que la coalición de gobierno actual pudiera tener para incorporar este cambio a última hora. Debemos tener presente el contexto en el que se encuentra el profesorado actualmente: Está más presionado que nunca. La Lomloe permite pasar y obtener título sin tener todas las asignaturas aprobadas y obliga a que todas las decisiones sean tomadas de forma colegiada entre todos los docentes para impedir a toda costa la repetición de curso. Los alumnos pueden graduarse en la ESO con un número de materias indefinido y dependiendo únicamente de la voluntad, el fallo, el arbitrio y hasta la valentía de los profesores. Esos muchachos llegan al bachillerato malacostumbrados a promocionar con suspensos y ellos también saben que por ley pueden graduarse en bachillerato y hacer la selectividad con un suspenso. Este derecho que puede ser utilizado por los estudiantes no es del agrado del profesorado porque temen que pueda servir para atemorizarles, intimidarles, coaccionarles y amenazarles al aprobado, lo que no deja de ser un paso más dentro del espíritu de coartar y reducir la autoridad docente y poner en duda las decisiones de los profesores en la evaluación. Es evidente que si ponemos en el mismo nivel al profesor que tiene que decidir una nota y al alumno que tiene que recibirla, nos estamos cargando todo el valor de esa evaluación porque los profesores van a terminar aprobando a los alumnos para quitarse problemas. Las sesiones de evaluación terminarán siendo grabadas y allí se pueden tratar temas que los profesores no quieren que conozcan sus alumnos y terminarán callando y aprobando para eludir complicaciones.

Sigo preguntándome la razón por la que este gobierno de coalición saca esta añadidura o coletilla de última hora. ¿Será simplemente que quieren que disminuyan las repeticiones? ¿Querrán estimularles para que se sientan más implicados? ¿Intentarán beneficiar a todos los alumnos de bachillerato con un aprobado casi general como ha ocurrido en la ESO? Hay un dato que me mosquea: «los 18 años». En la fecha de la graduación de los alumnos de bachillerato sólo podrán tener 18 años los que hayan nacido antes del mes de mayo y los que hayan repetido algún año, el resto tendrá sólo 17 y no podrá acogerse a esta norma. Me temo que esta modificación pudiera estar ligada con los que llegan al final con un cierto ‘lastre’, ya desde la Educación Secundaria Obligatoria, todos con 18 años bien cumplidos y pidiendo ayuda para poder pasar a la universidad. Eso es un caramelo para los que han cumplido 18 años. ¿Tendrá algo que ver con que a esa edad empiezan también a votar?